El banco le dice que no. No porque su negocio sea malo, sino porque no tiene garantías, porque sus ingresos son difíciles de demostrar o porque su historial crediticio no alcanza. Dos días después consigue el dinero, pero no en un banco: en la informalidad.

La paradoja tiene casi 4.000 años.

En Babilonia, el Código de Hammurabi ya fijaba límites al interés: 20 % para los préstamos de plata, 33⅓% para los de grano, con sanciones para quien incumpliera. Y contenía ya las formas de eludirlo. El techo y su evasión nacieron el mismo día.

Siglos después, cuando la usura fue pecado, ocurrió lo mismo: aparecieron comisiones, primas y compensaciones. El dinero no dejó de tener precio. Aprendió a llamarse de otro modo.

En 1787, Jeremy Bentham cuestionó que el Estado limitara el precio al que dos adultos intercambiaban dinero. Su argumento sigue siendo incómodo: si el prestatario es más riesgoso, prohibir una tasa alta no elimina ese riesgo, elimina al prestamista dispuesto a asumirlo.

Conviene entender cómo se arma una tasa de interés. No es un número que alguien elige. Es una suma: lo que el banco paga por el dinero de sus depositantes, el capital que el regulador le exige inmovilizar, el costo de operar el crédito y la pérdida esperada por los que no pagan.

De esos cuatro, solo el último cambia de un cliente a otro. Los otros tres son estructurales, comunes a todos los bancos y el costo del fondeo lo fija el mercado, no el banco.

Por eso, cuando el techo obliga a bajar la tasa, el ajuste cae sobre el único componente flexible: a quién se le presta.

El cliente con empleo estable, patrimonio e historial de buen pagador, seguirá siendo atractivo, su riesgo cabe debajo del techo. Para el trabajador independiente o para quien tuvo un atraso hace tres años, el precio máximo no funciona como precio máximo. Funciona como puerta cerrada.

Y hay algo que la discusión casi siempre omite: el banco no presta su propio dinero, presta el de sus depositantes.

Prestar a una tasa que no cubre el riesgo no es generosidad con quien se endeuda. Es trasladar una pérdida esperada a quien dejó ahí el ahorro de toda su vida.

El techo tiene una defensa seria: quien pide un crédito rara vez calcula bien lo que va a pagar y hay prestamistas que se aprovechan de esto. Esta protección para quien se endeuda cuesta: obliga a cobrar el mismo precio máximo a clientes con riesgos muy distintos, de modo que el buen pagador subsidia al riesgoso. Cuando el riesgo es más alto del techo, el cliente simplemente queda afuera. Quitar el techo no sube el precio: lo dispersa.

El promedio de tasa podría subir, porque entrarían deudores que hoy no están en ninguna estadística. Pero para quien queda afuera, la comparación nunca fue contra la tasa del banco. Fue contra la del chulco.

El techo, además, no aplica a todos los que prestan. Una casa comercial que vende a crédito directo no es una institución financiera. Por eso un televisor de US$ 784 al contado puede ofrecerse en 18 cuotas de US$ 95,27 —US$ 1.714,86— con una tasa efectiva anual superior al 200 %.

Ese no es un mercado que la regulación no alcanzó. Es el mercado que la regulación creó: la demanda que no cabe debajo del techo se muda a quien no está sujeto a él. Los extremos no son el argumento contra liberar las tasas. Son la consecuencia de no hacerlo.

El camino no pasa por elegir entre techo y libertad. Un techo puede existir si es lo bastante alto para no expulsar riesgo legítimo. Lo que no puede faltar es lo demás.

Si el Estado va a intervenir, que lo haga donde el mercado falla de verdad: en la información. Estandarizar los créditos para que dos ofertas sean comparables. Obligar a que todo lo que el cliente paga quepa en un solo número, porque hoy no cabe: en una hipoteca, al interés se suman el avalúo, los gastos notariales y de registro y dos seguros, y algo parecido pasa en consumo, en el automotriz y en las tarjetas. México lo resolvió con el CAT, Perú con la TCEA, Chile con el CAE, Estados Unidos con el APR.

Y falta lo que casi nunca se discute, los costos de cambio. Si hay una hipoteca más barata en el banco de al lado, migrar es tan caro y lento que el cliente se queda. Un mercado donde nadie puede irse no compite en precio, compite en retención.

La pregunta, entonces, cambia. No es si un banco puede cobrar 30 %, 40 % o 50 %, sino qué ocurre cuando el riesgo de un cliente vale más que la tasa que legalmente puede cobrarse.

Ahí el crédito formal solo tiene dos opciones: prestar perdiendo dinero o no prestar. Si elige la segunda, la necesidad no desaparece: busca otro precio. A veces, uno mucho más alto.

El comerciante del principio nunca pidió protección. Pidió USD 2.000, un techo que no lo deja entrar no lo protege, lo manda a pagar una tasa que nadie regula ni pública.

Cuando el precio máximo del crédito está por debajo del precio del riesgo, proteger al que ya tiene crédito puede significar dejar afuera al que todavía no lo tiene. (O)