Las debilidades estructurales que conforman los conflictos políticos internos del Estado, sirven de argumento para movilizaciones políticas que son subvertidas por liderazgos de las diversas organizaciones sociales como la CONAIE y otras comunidades indígenas, a la que plegaron en este mes, ciertas autoridades de los gobiernos seccionales para conformar una amenaza a la estabilidad nacional.
La motivación ideológica se basó en un rechazo al impacto de una medida económica determinada por el gobierno, el aumento del precio del diésel, por el que se realizaron protestas de inicio pacíficas, seguidas por manifestaciones, paros, acciones violentas, bloqueos de carreteras, asaltos a instalaciones empresariales y destrucción de instalaciones policiales, en medio de una confrontación social, mezclada con actos delictivos, acciones terroristas, hasta convertir estos atropellos en una amenaza a la paz, al orden, en un cuadro de crisis de seguridad interna.
Las medidas compensatorias emitidas por el gobierno, para reducir el impacto económico y social por el alza del precio del combustible, así como la desconfianza y la auto marginación expectante de casi la totalidad de las autoridades de los gobiernos seccionales fue una definición política vital para debilitar a la movilización política en las provincias.
En convergencia con estas circunstancias se incrementaron las demandas sociales fuera del planteamiento inicial de la CONAIE, como fue el incremento del sueldo básico a 650 dólares, anulación del extractivismo y la liberación de los detenidos por actos delictivos y de terrorismo. Nuevas demandas que fueron despreciadas por ser exageradas, y fuera de contexto, utilizadas como mecanismo para asegurar la posición directiva debilitada.
Asimismo, el oportuno despliegue militar para el control del orden en apoyo a la Policía Nacional y luego la gran capacidad de concentración de tropas de las FF.AA. en la provincia de Imbabura, apoyada por una efectiva campaña de comunicación pública gubernamental, dio una imagen de conflicto aislado, mezclado con actos vandálicos que estimulo el rechazo de la población.
El gobierno demostró firmeza al no haber dado espacio a una negociación gubernamental, con lo cual se desvaneció la débil movilización política dirigida por la CONAIE, debiéndose optar en forma urgente por una salida honorable, para lo cual se hacía referencia a una supuesta negociación para la rebaja progresiva del precio del diésel.
Pero lo más revelador para el desenlace de esta situación es la ausencia de facciones populistas insurgentes que podrían haberse aprovechado de la situación, fusionándose con las movilizaciones y la violencia para crear un vacío de poder y derrocar al gobierno como pretendieron en la crisis del 2019.
Des escalar la crisis no significa resolver un conflicto político que posee raíces ideológicas de inspiración revolucionaria como es considerar al Estado como un enemigo en el denominado paradigma civilizatorio anticapitalista, según el pensamiento de los dirigentes de la CONAIE, antes que, como un Estado con población diversa, con identidad compartida e integrada en un todo único consciente de la unidad total, como plantea Hegel.
En este contexto antagónico con el Estado nacional, la plurinacionalidad reconocida por la Constitución, no debe ser una amenaza para el funcionamiento del Estado, como sería el pretender conseguir una hegemonía cultural promovida por las comunidades indígenas en el territorio ecuatoriano con lo cual se fragmentaria el orden político nacional cuestionándose la autoridad del gobierno central.
El Estado ecuatoriano según la Constitución es unitario, pluricultural y plurinacional y tiene como deber primordial fortalecer la unidad nacional en la diversidad, y no se puede atentar contra la unidad política nacional.
Es también un deber del Estado, garantizar y defender la soberanía nacional, que se entiende es centralizada, única, da sustento a la primacía de la ley que se ejerce a través de los órganos del poder público.
El territorio ecuatoriano según la Constitución, es una unidad geográfica e histórica y un legado de pueblos ancestrales para la conformación del Estado ecuatoriano; por consiguiente, desde ese entonces se estableció como misión fundamental de la Fuerzas Armadas la defensa de su integridad ante cualquier tipo de amenaza o intervención.
No hay sustento posible, entonces, para establecer restricción a la Fuerzas Armadas para su ingreso a cualquier espacio territorial, peor aún poder crearse una guardia indígena para proteger el territorio ancestral como ha determinado la CONAIE en varias oportunidades.
Con decisiones de esta naturaleza se intenta anular el concepto de patria, debilitar el monopolio de uso de la fuerza que solo el Estado la posee y coartar las decisiones políticas gubernamentales, creándose una irreflexiva soberanía limitada.
La pretendida hegemonía cultural se explicaría cómo una imposición de su cosmovisión valores, creencias y tradiciones que, aunque siendo muy respetables forman parte del patrimonio nacional, pero no pueden quitar legitimidad a las instituciones del estado ni quebrantar el ordenamiento político, con lo cual se daría lugar a otros conflictos jurisdiccionales entre sistemas legales y comunitarios.
Un conflicto interno por hegemonía cultural constituye una amenaza y un desafío constitucional que exige alcanzar un equilibrio entre la diversidad de culturas la unidad política y unidad territorial, para evitar que la erosión de la legitimidad del estado y de las instituciones generen tensiones que agraven la estabilidad política nacional en la que descansa la paz social.
Los pueblos y culturas ancestrales son un componente esencial de la nacionalidad ecuatoriana, por sus raíces históricas que fortalecen la identidad nacional y el sentido de pertenencia que en conjunto afirman la soberanía nacional. La solidez de la cohesión nacional fortalece a los intereses comunes y estratégicos para alcanzar los fines del bien común, de la Sumaq Kawsay, integrados en un destino común.
En conclusión, se puede decir que la hegemonía cultural, cuando se impone como una doctrina política y no como una expresión de diversidad, como consta en la Constitución, representa una amenaza directa a la unidad del Estado y a su legitimidad institucional. Las movilizaciones políticas, ideologizadas que buscan sustituir la autoridad central por formas de poder minoritario violento fragmentan el orden político y debilitan la cohesión nacional. La plurinacionalidad, concebida en la Constitución como reconocimiento de la diversidad, no puede derivar en soberanías parciales, paralelas autónomas que desconozcan al Estado nacional unitario. El desafío para la seguridad preventiva, consiste en armonizar la pluralidad cultural con la soberanía única y la autoridad legítima. La defensa de la integridad territorial y del monopolio de la fuerza por parte del Estado son principios insustituibles no negociables. La identidad nacional debe ser un crisol de la diversidad no un óbice de la integración. Solo la fortaleza institucional, el respeto al orden constitucional y la cohesión social permitirán preservar la estabilidad política y la paz interna como fundamentos del bien común y de la soberanía nacional. (O)