Galápagos es el emblema de la riqueza natural ecuatoriana. Un laboratorio de biodiversidad único, pero también un territorio vulnerable, rodeado por un mar que muchos consideran abierto, pero no libre.
Desde hace años, flotas pesqueras extranjeras (principalmente asiáticas) se agrupan de forma masiva al borde de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ecuador, a pocos kilómetros de la reserva marina del archipiélago. Se estima que durante los meses de mayor actividad, entre julio y octubre, pueden operar hasta 300 barcos simultáneamente, dedicados sobre todo a la pesca de calamar gigante.
A simple vista, están fuera de la jurisdicción ecuatoriana y, por tanto, no infringen normas internacionales. Pero los datos muestran que muchas de estas embarcaciones apagan deliberadamente sus sistemas de rastreo (AIS), lo que impide verificar si cruzan ilegalmente hacia aguas protegidas o qué especies están capturando.
Este comportamiento es parte de lo que se conoce como actividad oscura y es más común de lo que se cree. Un estudio publicado en Nature (2023) reveló que entre el 72 % y el 76 % de la pesca mundial no se rastrea públicamente. La invisibilidad es la norma, no la excepción.
China (cuya flota es la más grande del mundo) concentra cerca del 44 % de toda la pesca industrial global, según Global Fishing Watch. Se calcula que opera al menos 17.000 buques pesqueros de aguas distantes, aunque otras fuentes elevan esa cifra a más de 57.000. Buena parte de esa flota llega cada año a operar justo frente a Galápagos.
Lo hacen con el respaldo de subsidios estatales que superan los US$ 7.200 millones anuales (según la OMC) y con una logística diseñada para permanecer en altamar durante meses. Barcos nodriza que almacenan pescado, proveen combustible y evitan el regreso a puerto. Todo un ecosistema flotante, difícil de fiscalizar, que aprovecha cada vacío legal y cada minuto de desconexión del radar para pescar sin dejar rastro.
Y cuando ese producto llega a tierra firme, muchas veces en Asia, se mezcla con otros lotes de origen legal. El resultado es que el calamar extraído en aguas cercanas a Galápagos se convierte en un producto anónimo, procesado y exportado a Estados Unidos, Europa o América Latina sin trazabilidad. Según The Outlaw Ocean Project, esto es parte de una práctica extendida llamada "lavado de origen".
Todo esto ocurre mientras Ecuador intenta vigilar 1,1 millones de km² de mar con una capacidad operativa mínima. Pocos patrulleros, tecnología limitada y un aparato diplomático que no siempre logra responder con firmeza.
En 2020, cuando una flota de 260 barcos operó cerca del archipiélago, la Cancillería emitió una protesta formal ante China. Pero, más allá del gesto, poco cambió. La presión continúa, la vigilancia sigue siendo insuficiente y las consecuencias se acumulan.
Esto no se trata solo de pesca, se trata de soberanía, de protección ambiental, de defender un patrimonio nacional y mundial. Galápagos es un símbolo, pero también es una frontera. Y está siendo invadida cada año, sin que nadie (ni aquí, ni afuera) diga lo suficiente.
Se trata, simplemente, de defender lo que es nuestro. De exigir trazabilidad, monitoreo, acuerdos regionales y vigilancia real. No podemos permitir que la oscuridad siga siendo el refugio perfecto para explotar nuestros recursos.
Si las embarcaciones extranjeras pueden acercarse a las aguas de Galápagos, desconectarse, pescar y desaparecer sin dejar huella, ¿seguiremos permitiendo que ocurra sin consecuencias?
Otros países enfrentan desafíos similares. Argentina, por ejemplo, documentó múltiples incidentes con flotas extranjeras operando en la milla 201, justo fuera de su ZEE, y respondió con detenciones, reformas legales y acuerdos multilaterales para mejorar el control pesquero. Perú comenzó a implementar herramientas satelitales de detección nocturna y exigió mayor trazabilidad a los productos marinos que ingresan a su cadena de exportación.
¿Y Ecuador? Aunque firmó convenios internacionales y mantiene cooperación técnica con plataformas, su respuesta todavía es más reactiva que estratégica. Más allá de la retórica ambiental, el país necesita una política oceánica clara con tecnología de vigilancia nacional, diplomacia activa en foros multilaterales, interoperabilidad entre armada, cancillería y ministerio de producción, y presión comercial sobre los países que permiten prácticas abusivas.
Galápagos se convirtió en una frontera en disputa. Si no defendemos nuestras aguas con presencia real y visión geopolítica, otros seguirán explotándolas mientras nosotros seguimos celebrando, impotentes, su efímera belleza desde la orilla. (O)