La asignación eficiente de los recursos es uno de los temas de estudio en los centros universitarios, como paso introductorio a la definición de la ciencia económica. Su aparente sencillez y obviedad enfrentan en la práctica un intenso debate: por un lado, la corriente liberal otorga al mercado el papel de artífice de la asignación de los recursos; por otro, se reconoce la capacidad del Estado para definir los objetivos hacia los que deben concurrir los recursos para su cumplimiento.
Los grandes cambios operados en el mundo en la economía global, desde la mitad del siglo pasado, han puesto en evidencia que la gestión de los recursos de una nación requiere una estrategia que fije su mirada en objetivos trascendentales. El enfrentamiento a las necesidades sociales y la concordancia con la dinámica cambiante del crecimiento económico, de acuerdo con el ciclo macroeconómico global, aparecen como determinantes de la asignación eficiente de recursos. En los periodos de bonanza y abundancia —frecuentemente impulsados por el auge de precios de materias primas—, el motor del crecimiento tiende a ser expansivo, sectorial y acelerado. En contraste, los periodos de crisis imponen una lógica de resistencia y resiliencia; los factores de impulso deben ser diferenciados: el gasto público debe volverse contra cíclico, protegiendo el tejido social mediante transferencias condicionadas, sosteniendo el empleo a través de la inversión en obras públicas de alto impacto comunitario.
La teoría económica contemporánea está fuertemente influenciada por la corriente del "neoinstitucionalismo", liderada por James A. Robinson y Daron Acemoglu. Los autores argumentan que las instituciones son el factor determinante del éxito o fracaso de las naciones. Según su perspectiva, las "instituciones inclusivas" (que garantizan la propiedad privada, el Estado de derecho y la participación plural) fomentan la innovación y el crecimiento, mientras que las "instituciones extractivas" (donde las élites capturan el poder para enriquecerse a expensas de la mayoría) perpetúan el estancamiento y la desigualdad.
Esta visión anglosajona no explica la totalidad de la historia económica global. Corrientes de pensamiento estructuralistas y heterodoxas sostienen que el desarrollo depende más de la estructura productiva, los términos de intercambio internacional y la soberanía tecnológica, que de los marcos jurídicos formales. El ejemplo más contundente que rebasa el modelo neoinstitucional clásico es el de China. Con un modelo de capitalismo de Estado fuertemente centralizado, ha logrado consolidarse como superpotencia industrial, dirigiendo la inversión y planificando a largo plazo.
Para trazar un camino real hacia el desarrollo con equidad, se debe desmitificar la importancia absoluta que la ortodoxia económica le otorga a la institucionalidad formal. La narrativa dominante suele presentar a las instituciones transparentes y eficientes como la causa primaria y el factor indispensable para promover el crecimiento. Sin embargo, la evidencia histórica sugiere una relación inversa o, al menos, dialéctica: marcos institucionales sólidos, estables y transparentes suelen ser la consecuencia y el resultado maduro de un proceso previo de desarrollo económico, acumulación de capacidades tecnológicas y maduración de luchas sociales, y no su causa mágica.
Una nación sin crecimiento, empobrecida, saqueada estructuralmente y ahogada por la deuda, no puede construir instituciones del primer mundo. Las instituciones se transforman y se fortalecen al calor de la movilización social, la industrialización y la redistribución activa de los recursos.
La concepción de políticas públicas, en especial la de asignación de recursos fiscales, no pueden quedar al arbitrio de la improvisación ni de las inercias del mercado. Asimismo, si el Estado interviene sin un norte claro, los recursos se diluyen en el asistencialismo improductivo o en megaproyectos de dudosa rentabilidad. Por el contrario, una planificación orientada a mitigar las brechas estructurales prioriza las necesidades más urgentes como plataformas indispensables para un desarrollo integral durable. (O)