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Si no hay incentivos y mecanismos para viabilizar acuerdos de mediano plazo, cada gobierno traerá soluciones parciales e incompletas, que cambiarán según la marea política. Mientras tanto, los problemas de fondo, como el nulo crecimiento económico o la inseguridad, se agravan.

20 Noviembre de 2024 15.34

Las personas esperamos que las políticas públicas - esas soluciones que los gobiernos implementan - tengan la capacidad de resolver problemas comunes y mejoren nuestras vidas. Esperamos que las economías crezcan y generen nuevos empleos; esperamos tener acceso a servicios públicos de calidad; esperamos que menos personas vivan bajo condiciones de pobreza; podemos extender esta lista con muchos ejemplos más. En la búsqueda de soluciones, América Latina y Ecuador han implementado políticas de diferentes signos. Durante décadas hemos experimentado períodos de fuerte intervención estatal, de liberalización de mercados, de retorno del estado, y de parálisis. A pesar de algunas mejoras que pudieron traer estos ciclos, parece que no han sido suficientes para mejorar sistemáticamente las condiciones de vida la gente. Si hemos intentado tantas recetas que no funcionan como esperamos, ¿cuál otra nos resta experimentar?

Como sociedad tal vez nos hemos enfocado demasiado en el contenido de la política pública. Pudiera ser que hemos puesto mucha atención en los ingredientes de la política pública, como el rol estado, en perjuicio de otros elementos igual o más importantes, como el proceso de formación de políticas. Si bien es importante el rol que tienen el estado, el sector privado o la sociedad civil en la política pública, es igualmente importante el proceso que define su contenido e implementación. Las alternativas de política pública que tienen los gobiernos no son opciones de un menú, que se escogen e implementan automáticamente. Hay un proceso político en el diseño e implementación de la política pública en donde confluyen votantes, partidos políticos, presidentes, legisladores, y burocracia, por mencionar algunos actores relevantes. Todos ellos guiados por sus intereses (e.g., ganar elecciones, mantenerse en el poder o cuidar los beneficios particulares) y por reglas que dictan qué se puede y no se puede hacer. Visto así, la formación de la política pública es el producto de los intereses de varios actores y de reglas y procedimientos que moldean cómo interactúan estos intereses. Los problemas de política pública que vivimos no solo es el resultado de su contenido, sino de cómo nacieron

Queremos políticas públicas de calidad. Pensemos en algunas dimensiones de la política pública que serían deseables: estabilidad, adaptabilidad, u orientación amplia. Queremos que la política pública no cambie cada dos o cuatro años, si no que dure más allá de vaivenes electorales. También buscamos políticas que puedan adaptarse con relativa facilidad a entornos cambiantes; una política rígida no nos permite reaccionar rápidamente cuando enfrentamos una eventualidad, como un terremoto o una sequía. Finalmente, queremos también que una política pública traiga beneficios a segmentos amplios de la población y no a grupos específicos.

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Estas dimensiones de calidad están fuertemente conectadas a la formación de políticas públicas. Por ejemplo, una política pública estable resulta de actores políticos que tienen horizontes de planificación amplios. Si un presidente o un conjunto de legisladores tienen una fuerte tendencia a valorar el presente, por sobre el futuro, las políticas que diseñen estarán enfocadas en abordar problemas coyunturales; los problemas de mayor aliento no serán plenamente abordados. La adaptabilidad de la política pública depende de la capacidad de cooperación entre políticos; si no hay diálogo y negociación, la mayoría política actual intentará blindar sus decisiones (por ejemplo, consignarlas a nivel constitucional) para evitar cambios futuros, lo que nos trae políticas rígidas. Políticas públicas orientadas a la mayoría son más probables que surjan en sistemas donde hay capacidad de rendición de cuentas efectiva; los políticos implementarán una decisión que beneficia a pocos solo si el sistema electoral y/o judicial lo permiten.

Pensemos en Ecuador durante las últimas cuatro décadas. Desde el retorno a la democracia hasta el 2007, el país tuvo serios problemas en llegar a acuerdos sobre su política pública. Podemos acordarnos - o ver videos - de escenas entre grotescas y coloridas sobre la incapacidad de los legisladores para negociar y cooperar entre sí y con el presidente de turno. Las reformas estructurales adoptadas en este período fueron pocas e implementadas a medias, a comparación de otros países de la región. El trabajo académico fundacional de Andrés Mejía Acosta y sus co-autores explica con claridad cómo la falta de mecanismos de cooperación limitó la posibilidad de tener políticas públicas de calidad durante estos años. 1 En el período 2007-2017, en contraste, el ejecutivo lideró cambios en virtualmente toda área de política pública relevante: educación, organización del estado, tenencia de la tierra, impuestos (en varias ocasiones), manejo monetario, etc. Al presidente se le hizo relativamente fácil encontrar acuerdos para impulsar estos cambios. Desde el 2017 hasta acá, hemos vivido un déja-vú no deseado: bloqueo y falta de acuerdos.

La clave está en la cooperación. Si bien una parte de la discusión sobre la política pública puede girar alrededor de su contenido, una dimensión al menos de igual importancia es el entorno en el que estas políticas surgen. Si no hay incentivos y mecanismos para viabilizar acuerdos de mediano plazo, cada gobierno traerá soluciones parciales e incompletas, que cambiarán según la marea política. Mientras tanto, los problemas de fondo, como el nulo crecimiento económico o la inseguridad, se agravan. (O)

1 Mejía Acosta, A., M. C. Araujo, A. Pérez-Liñán, y S. Saiegh. (2008). Veto Players, Fickle Institutions, and Low-quality Policies: The Policymaking Process in Ecuador. En Policymaking in Latin America: How Politics Shape Policies. Washington: IDB.

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