El comercio tiene una particularidad: basta con obstaculizar una frontera para que las consecuencias se sientan mucho más lejos de ella. Una restricción que comienza afectando el paso de mercancías termina impactando cadenas de abastecimiento, decisiones de inversión, costos de producción y, finalmente, el precio que paga el consumidor.

La frontera puede estar a cientos de kilómetros, pero sus efectos llegan hasta las empresas y los hogares.

Por eso es una señal positiva que el intercambio bilateral entre Ecuador y Colombia haya recuperado entre el 70% y el 75% de su dinámica habitual después del levantamiento de las medidas arancelarias. La recuperación todavía no es completa -una lectura más clara la tendremos en octubre o hacia finales de año-, pero algo resulta evidente: las oportunidades que ofrece el comercio binacional siguen siendo atractivas para ambos países.

Sin embargo, eliminar barreras arancelarias es apenas una parte de la ecuación.

Para que el comercio funcione se necesitan también seguridad física, seguridad jurídica y reglas claras. Durante este periodo, el sector privado ecuatoriano destinó cerca de USD 250 millones a proteger sus operaciones. Es una reacción comprensible frente a un entorno complejo, pero no debería convertirse en parte permanente del costo de hacer negocios.

Una empresa puede reforzar sus instalaciones, contratar vigilancia, asegurar su mercadería o invertir en tecnología para proteger sus operaciones. Lo que no puede hacer es garantizar por sí sola la seguridad de una carretera, de una frontera o de toda una cadena logística.

Esa es una responsabilidad indelegable del Estado.

Y la misma lógica se aplica a la seguridad jurídica. Las empresas necesitan saber bajo qué reglas van a producir, invertir y comerciar. Cuando las normas son claras y previsibles, el empresario puede concentrarse en crecer. Cuando no lo son, una parte de sus recursos y de su tiempo termina destinada a administrar incertidumbre.

El transporte terrestre demuestra con claridad hasta qué punto esta previsibilidad importa. Por Rumichaca circulan aproximadamente 200 tractomulas al día. Cuando ese flujo se interrumpe o pierde regularidad, la afectación no se queda en la frontera. Se traslada a sectores que necesitan medicamentos, repuestos, alimentos, plásticos, textiles, cosméticos e insumos industriales para mantener sus operaciones.

En una economía integrada, la logística no es simplemente transporte. Es continuidad.

A este escenario se suma ahora un desafío importante para Colombia. El terremoto que golpeó al país afectó con fuerza al Valle del Cauca y más de 15.000 negocios han reportado daños. La recuperación de esas economías locales será, ante todo, un enorme reto para las empresas, trabajadores y familias colombianas; pero también representa una oportunidad para fortalecer la cooperación económica entre ambos países.

Ecuador puede desempeñar un papel en esa recuperación.

Reactivar el comercio no significa únicamente vender más de un lado de la frontera al otro. Significa ayudar a que proveedores vuelvan a abastecerse, que empresas puedan producir, que los negocios recuperen su actividad y que las familias vuelvan a encontrar oportunidades de empleo e ingresos.

Ese debería ser el verdadero sentido de la integración.

Ecuador y Colombia no necesitan únicamente recuperar los niveles de comercio que tenían antes de las restricciones. Necesitan recuperar las certezas que permiten que ese comercio exista y crezca.

Seguridad, estabilidad jurídica y confianza no son elementos secundarios de una relación comercial. Son parte de su infraestructura.

Porque las mercancías se transportan en camiones, pero los negocios se construyen sobre confianza. Y cuando esa confianza se recupera, una frontera deja de ser un obstáculo y vuelve a convertirse en lo que debería ser: un puente entre dos economías. (O)