En los últimos días hemos escuchado acerca de varios casos que han ocurrido en instituciones educativas del país, donde de alguna u otra forma se han vulnerado los derechos de niños, niñas y adolescentes y que además dejan mucha duda sobre si, la escuela es un lugar seguro, han sido hechos lamentables que han traído consecuencias graves.
El que recuerdo hoy es el de una estudiante de 16 años, Johanna B, quien sufrió acoso escolar en su colegio y que, según su familia a consecuencia de este acoso se suicidó. Johanna era parte de la banda de guerra de su colegio y soñaba con ser militar, al parecer el motivo del acoso era su aspecto físico. Tras sufrir una agresión por parte de un compañero, Johanna caminaba con dificultad. De acuerdo con testimonios de sus familiares, esto le ocasionó una fuerte depresión.
Lo que se conoce actualmente es que, la familia de Johanna recibe apoyo psicológico al igual que sus compañeros, el Ministerio de Educación continúa con las investigaciones, sin embargo, en declaraciones recientes en la rueda de prensa “Prevención de riesgos Psicosociales y acciones frente a denuncias recibidas en el sistema educativo” la Ministra de Educación, María Brown señaló que, el suicidio de Johanna pudo evitarse porque las autoridades del colegio tenían “suficientes insumos” para notar que, la adolescente sufría de acoso, lo que podría indicar que, incurrieron en faltas de negligencia y omisión.
Sobre los estudiantes implicados se conoce que se iniciará acciones disciplinarias.
Las acciones frente a estos casos se enmarcan en el plan denominado “Mi escuela segura”, el cual tiene dos pilares: el primero que atiende riesgos de origen natural y el segundo el que atiende los riesgos de origen antrópico, relacionado con seguridad física, y riesgos psicosociales que incluye nueve riesgos: el abuso y consumo de drogas, el suicidio, la violencia física y psicológica, el embarazo en la niñez y adolescencia, violencia sexual, acoso, trabajo infantil, desapariciones.
Existen rutas de actuación en cada uno de estos casos y se conoce que son los de mayor prevalencia, es así como, de enero a diciembre del 2022 existieron 607 víctimas de acoso escolar, más de 4 mil casos de violencia sexual y 57 suicidios, según el MINEDUC.
La ruta de violencia incluye los siguientes pasos:
- Detección oportuna
- Comunicación con representantes legales
- Denuncia en Fiscalía
- Medidas de protección
- Derivación interinstitucional
- Separación del agresor del sistema educativo
- Plan de acompañamiento y restitución de derechos
- Prevención de situaciones de violencia futuras reparación de tejido social
¿Qué hacer si conocemos de un caso de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes?
Son tres pasos:
El primero, incluye la identificación de los hechos de violencia, el conocer los protocolos el denunciar y alertar frente a un caso de violencia.
El segundo, se refiere al acompañamiento y creer en la víctima y el tercero, tiene que ver con la denuncia, que si es un delito se la debe realizar en la policía y activar las rutas y protocolos.
Ojalá todo esto se hubiese cumplido en el caso de Johanna y en el de otras víctimas de riesgos. Una de las principales causas es que, nuestra sociedad no reconoce los riesgos como violencia, sino que los enmarca en lo natural e incluso lo normaliza. Callar también nos hace cómplices de estos actos.
En memoria de Johanna es un deber de todo educador velar por la seguridad de nuestros estudiantes, creerles y garantizar su bienestar físico y emocional en los centros educativos.
Esta columna es en memoria de Johanna, aunque me he quedado corta en lo que he dicho y lo que ella merecía. (O)
