Hay una conversación que el sector privado ecuatoriano lleva años postergando: la calidad técnica de la norma no es solo responsabilidad del legislador ni del regulador. Es también responsabilidad de quienes participamos activamente en moldearla.

Los abogados que trabajamos en derecho regulatorio enfocado en telecomunicaciones, tecnología e inversión, tenemos un rol que va más allá de representar intereses. Somos, querámoslo o no, coautores del entorno normativo en el que operan las industrias que asesoramos. Y esa coautoría conlleva una obligación que no siempre reconocemos con la claridad que merece: la obligación de no dañar la arquitectura jurídica del país.

El ecosistema regulatorio como bien público

Un marco regulatorio claro, coherente, simple y técnicamente sólido es, antes que nada, un bien público. No beneficia únicamente a quienes operan hoy en un mercado determinado. Beneficia a quienes aún no han llegado, a las industrias que todavía no existen, y al Estado mismo, que necesita reglas estables para ejercer sus potestades sin arbitrariedad.

Cuando ese marco se fragmenta, cuando las normas se contradicen entre sí, cuando materias regulatorias se insertan en leyes orgánicas donde no corresponden, cuando se crean regímenes de excepción atados a tecnologías específicas en lugar de a objetivos de política pública, el daño no lo absorbe solo el operador perjudicado. Lo absorbe el sistema entero. Y en sectores de alta complejidad técnica como las telecomunicaciones, la inteligencia artificial o la nueva economía espacial, ese daño puede tener consecuencias que se extienden por décadas.

Ecuador se encuentra en un momento singular. El país está construyendo simultáneamente marcos normativos para ciberseguridad, protección de datos personales, inteligencia artificial y la economía espacial. Se trata de una oportunidad extraordinaria para posicionarse como un destino competitivo para inversión tecnológica en la región. Pero esa oportunidad puede desperdiciarse, o peor, revertirse, si las normas que se producen en este período no superan un estándar mínimo de técnica legislativa.

El problema de legislar tecnología específica

Uno de los errores más frecuentes y más costosos en regulación de tecnología es el de petrificar en normas de rango legal características propias de una tecnología concreta, en lugar de regular los objetivos que esa tecnología debe cumplir.

El patrón es recurrente y reconocible: una industria emergente llega al proceso legislativo con argumentos legítimos de política pública (ej: inclusión digital, equidad territorial, resiliencia de servicios esenciales) y obtiene beneficios regulatorios que, en el texto final, quedan atados a sus especificaciones técnicas particulares en lugar de a los resultados que se quería incentivar. El efecto inmediato es una ventaja competitiva. El efecto mediato es una asimetría regulatoria que excluye a competidores funcionalmente equivalentes, distorsiona el mercado, y viola principios estructurales del sector como la neutralidad tecnológica o la uniformidad en la prestación de servicios públicos.

El problema se agrava cuando esa especificidad tecnológica se incorpora directamente en una ley orgánica. Las leyes orgánicas son instrumentos de alta rigidez: modificarlas requiere mayorías legislativas calificadas y procesos complejos. La regulación técnica de detalle (tipos de estaciones, arquitecturas de red, parámetros de frecuencia, modelos tarifarios específicos) pertenece a la normativa secundaria precisamente porque la tecnología evoluciona más rápido que los ciclos legislativos. Lo que hoy es la arquitectura dominante puede ser obsoleto en cinco años. Petrificarlo en ley orgánica no protege al operador beneficiado: lo congela en el tiempo junto con la norma que lo favorece, mientras el mercado y la tecnología siguen avanzando. El resultado a largo plazo: Ecuador sigue perdiendo competitividad.

Nuestra parte

Los abogados que participamos en procesos regulatorios, sea asesorando a empresas, interviniendo en consultas públicas, presentando análisis ante autoridades o redactando propuestas de texto alternativo, debemos asumir que nuestra función no termina en la defensa de un interés particular. Empieza ahí, pero debe extenderse a una consideración integral de negocio y largoplacista. 

Lo que menciono es una consideración práctica. Un cliente que obtiene una ventaja regulatoria incorporada en ley mediante especificidad tecnológica gana en el corto plazo, pero queda expuesto a impugnaciones constitucionales, a la obsolescencia de la norma cuando la tecnología cambie, y a un entorno competitivo distorsionado que eventualmente atrae menos inversión al mercado en el que opera. El beneficio se devora a sí mismo.

Promover regulación basada en objetivos de política pública, con criterios verificables, tecnológicamente neutral y con el nivel de detalle técnico asignado al instrumento normativo correcto produce marcos más duraderos, y más útiles para todos los participantes del mercado.

Hay además una dimensión deontológica que merece mencionarse. Cuando diseñamos estrategias orientada en política pública sin considerar el impacto sistémico de las normas que promovemos, ejercemos una forma de irresponsabilidad profesional que el gremio raramente discute con la franqueza necesaria. No se trata de renunciar a la representación vigorosa de intereses legítimos. Se trata de reconocer que ese trabajo tiene límites, y que esos límites los define no solo la ética profesional sino el interés del país.

El país que queremos construir

Ecuador necesita un entorno regulatorio que invite a la inversión en tecnología, que permita el desarrollo de industrias que hace apenas una década eran impensables en nuestro país. 

La inteligencia artificial, las telecomunicaciones y la economía espacial no son sectores que Ecuador pueda regular con las mismas inercias y los mismos vicios técnicos que han caracterizado otras industrias. El ritmo de cambio tecnológico no admite el lujo de corregir malas leyes en el siguiente período legislativo. Los errores de técnica normativa en estos sectores se pagan con inversión que no llega, con industrias que no despegan y con una brecha de competitividad que se amplía silenciosamente mientras otros países avanzan. (O)