Al gobierno del Presidente Lasso que se acaba de posesionar el 24 de mayo pasado ya le empiezan a fustigar de incumplir promesas de campaña y que resuelva problemas acumulados durante años. No solo que esto es una actitud irracional e injusta sino que es irresponsable e inaceptable. Parecería que hay grupos políticos que quieren destruir el Ecuador, que lucran de los problemas nacionales, que se nutren de las dificultades en la aplicación de las políticas públicas. El Ecuador tiene problemas que van a demandar algunos años en resolverse y eso asumiendo que al gobierno le permitan adoptar ciertas decisiones, algunas de ellas políticamente difíciles. En este grupo de acciones está el aún excesivo tamaño del estado. No solo es un problema del número excesivo de funcionarios públicos sino del sobredimensionado número de empresas públicas y de roles que al estado no le corresponden. Muchas de éstas acciones podrían ser vistas o criticadas como privatizaciones o decisiones atadas con los acuerdos internacionales con los multilaterales y no como lo que son, necesidades nacionales para que el país siga avanzando.

Otro de los aspectos que requieren un elemental entendimiento es que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Si nadie está dispuesto a entender esta realidad, el manejo de la política económica se torna imposible. Al gobierno se le pide que pague más de lo que debe a los gobiernos seccionales cuando estos deben recibir lo que les corresponde pero también deben reportar sus indicadores de eficiencia de gastos y sus indicadores de gestión como cualquier administrador. Si se solicita cuánto de lo transferido por el presupuesto del estado a gobiernos seccionales está destinado a gasto corriente y cuánto a gasto de inversión se revelarían muchas realidades. Sin embargo, si hay presión del gobierno central en estos temas inmediatamente se argumenta la interferencia a la autonomía  de municipios o prefecturas.

Al interior del propio gobierno central existen empleados que conspiran contra la gestión de los mismos gobiernos, o porque no comparten la ideología del régimen en funciones o porque se pertenecen en la práctica a otros grupos contrarios al régimen. Pruebas de esto no existen, no obstante, actitudes, demostraciones o acciones que boicotean el trabajo de muchos funcionarios públicos o ministros de estado, abundan. Hay grupos enquistados en la esfera pública que lucran de la ineficiencia de la burocracia y que mientras más ineficiente es ésta más imprescindibles muchos se tornan, pues se convierten en dueños del proceso que pocos a casi nadie conoce. Sí se puede arreglar esto pero demandaría algún tiempo y, sobre todo, requeriría de decisiones políticas difíciles de adoptar. 

La institucionalidad de la corrupción es otro problema que deberá combinar acciones enérgicas de parte de las principales autoridades del estado pero también comportamientos distintos de la sociedad en su conjunto que rebasa lo que el mismo gobierno puede cumplir. Los funcionarios públicos de primer nivel aceptan muchas de esas dignidades con sueldos bajos por compromisos patrióticos y cívicos. Otros seguramente tendrán algún otro interés, ojalá no de enriquecimiento privado. Sin embargo, lo de fondo es entender lo complejo de esta realidad.

En estas condiciones, con tanto problema acumulado durante décadas, lo sensato es que el gobierno pueda avanzar lo que más pueda sin pretender arreglar todos los problemas a todos y que la ciudadanía entienda que la administración actual o cualquiera en un futuro, no podrá hacer una gestión adecuada si no se entienden estas realidades que superan a cualquier gobernante por más buenas intenciones que éste pueda tener. En ese sentido, el arte de la política será ceder lo menos y ganar lo más, sin pretender gestiones óptimas sino buenas dadas las condiciones. (O)