En Ecuador se ha consolidado una premisa tan silenciosa como determinante: estudiar más garantiza vivir mejor. Durante años, familias enteras han invertido tiempo, dinero y expectativas en la formación universitaria y, de manera creciente en programas de cuarto nivel. Sin embargo, la realidad que enfrentan miles de profesionales dista mucho de esa expectativa. Hoy tener una maestría no asegura empleo estable, salario digno ni movilidad social. Al contrario, para muchos representa frustración, endeudamiento y subempleo.
Durante el 2024, la SENESCYT registró más de 90.715 títulos de tercer nivel, en su mayoría obtenidos por mujeres. Aunque no existe un desglose público actualizado del número exacto de títulos de cuarto nivel, el INEC estima que apenas el 2.14% de la población ecuatoriana entre 25 y 64 años posee estudios de posgrado. A pesar de ser un porcentaje reducido, el mercado laboral no logra absorber ni siquiera a este segmento altamente calificado.
Esta paradoja es más crítica: más formación académica con menos oportunidades laborales de calidad. Las plazas estables son escasas y altamente competitivas. Una sola vacante puede recibir cientos de postulaciones, que incluyen desde jóvenes recién graduados con altas competencias digitales y entusiasmo, hasta profesionales senior con trayectorias sólidas y experiencia acumulada durante décadas. El resultado es una competencia desigual en un mercado saturado.
Frecuentemente, se promueve la idea de que quien estudia triunfa, una narrativa que invisibiliza las deficiencias estructurales de la economía. Cuando en realidad muchos profesionales con maestría perciben salarios básicos, trabajan en áreas ajenas a su formación o se mantienen en condiciones de subempleo. Otros, simplemente, están desempleados. Esta situación no solo afecta al individuo, sino también a su entorno familiar, que suelen haber sostenido económica y emocionalmente el proceso formativo.
Entonces, es la solución ¿dejar de estudiar? Claramente no. La formación avanzada sigue siendo necesario para el desarrollo científico, educativo y productivo del país. El problema no radica en el exceso de profesionales, sino en la ausencia de una planificación estatal y productiva que articule: educación superior, necesidades del mercado y desarrollo sostenible.
Es urgente que el Estado genere políticas públicas orientadas a la creación de empleo calificado, fortaleciendo sectores estratégicos como investigación, innovación educación, tecnología y economía del conocimiento. Asimismo, se requiere un diálogo real entre universidades, sector productivo y gobierno para evitar una sobreoferta desarticulada de programas de posgrado.
También es necesario diversificar las trayectorias profesionales, promoviendo el emprendimiento con respaldo técnico y financiero, la internacionalización del talento y el reconocimiento de competencias más allá del título.
Invertir en educación sigue siendo una decisión valiosa, pero no puede sostenerse sobre una promesa incumplida. El desafío para nuestro país no es formar menos, sino ofrecer condiciones reales que el conocimiento se traduzca en bienestar, estabilidad y desarrollo social.
Esta reflexión no es nueva ni pretende revelar algo desconocido, es una realidad tan visible que no necesita mayor profundización, pero sí ser reiterada. Guardar silencio solo refuerza una dinámica que normaliza la precarización del trabajo profesional y traslada la responsabilidad al individuo. Hablar de este tema, insistir en él y hacerlo público también es una forma de contribuir al cambio. (O)
