En un contexto de inestabilidad económica y búsqueda de oportunidades para el desarrollo, Ecuador se enfrenta a la necesidad de inversiones significativas en infraestructura. Éstas no solo tienen el potencial de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también de fortalecer la competitividad del país y atraer inversión extranjera. Las Asociaciones Público-Privadas (APPs) han surgido como una alternativa atractiva, permitiendo la colaboración entre los sectores público y privado para el financiamiento, construcción y operación de obras de envergadura.
La reciente expedición del Decreto Ejecutivo No. 788, contentivo del Reglamento para APPs, ha generado expectativa en el ámbito de la inversión y el desarrollo de infraestructura en el país. Busca establecer un marco normativo robusto, transparente y eficiente para la implementación de nuevos proyectos APPs. Analizaremos los objetivos y cambios clave introducidos por el Decreto en comparación con el anterior, y evaluaremos su impacto en el sector.
El Decreto Ejecutivo No. 788 establece una serie de objetivos para mejorar los procesos de aprobación y desarrollo de las APPs. Estos incluyen evitar la dispersión normativa, definir roles y competencias claras, fortalecer la competencia en las iniciativas privadas, mejorar la bancabilidad de los proyectos, así como la concurrencia en los concursos públicos, facilitar la sostenibilidad fiscal, fomentar la transparencia y estandarización de la información.
Uno de los cambios significativos introducidos por el nuevo reglamento se refiere a las iniciativas privadas. El Decreto No. 1190, derogado, permitía la presentación de iniciativas privadas en cualquier momento; el 788 prevé hacerlo entre enero y marzo de cada ejercicio fiscal. Así se busca un mejor alineamiento entre la planificación gubernamental y las necesidades identificadas por el sector privado. Además, es importante destacar que las nuevas iniciativas privadas no contarán con bonificaciones adicionales en la calificación de los concursos de selección.
Se introducen cambios relevantes para el financiamiento de estudios previos de los proyectos APPs. El Decreto No. 1190 dejaba la responsabilidad de financiarlos en manos de la entidad delegante o promotor del proyecto; el 788 dispone la creación de un fondo de desarrollo de infraestructura que permita contar con financiamiento para estudios de estructuración de proyectos desde la etapa de perfil a las entidades delegantes. Se trata de agilizar el proceso de viabilidad de los proyectos, así como establecer un mecanismo no volátil de financiamiento para nuevos. Ello permite mitigar los riesgos adyacentes a los ciclos políticos y económicos.
Otro aspecto por destacar del nuevo instrumento legal es que establece plazos para cada fase del ciclo de un proyecto APP, como la emisión del informe de sostenibilidad y riesgos fiscales, el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la suscripción del contrato tras la adjudicación y la publicación de información en el Registro Nacional APP. La claridad en los tiempos permite contar con un marco temporal claro, así como garantizar eficiencia en el desarrollo de los proyectos.
El Decreto No. 788 introduce mejoras en los procesos administrativos de las APPs, como por ejemplo: la eliminación del certificado de Compromiso Fiscal en el Dictamen de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales; la simplificación del proceso de priorización y elegibilidad de proyectos APPs en el Comité respectivo; la unificación del sondeo de mercado; y la bancabilidad del proyecto en el caso del negocio final. Además, se incorporan criterios para el cumplimiento ambiental y social en todas las fases del proyecto, y la participación ciudadana durante todo el ciclo del proyecto, promoviendo transparencia y desarrollo sostenible.
En conclusión, el impulso de las APPs, respaldado por el nuevo marco normativo, representa una oportunidad clave para el desarrollo económico y social del país, considerando todos los beneficios expuestos. Sin embargo, el éxito de las APPs dependerá en gran medida de la eficiencia administrativa del Estado, así como de la firme postura contra la corrupción. Garantizar una gestión eficiente y transparente en el proceso de implementación de las APPs es fundamental para atraer inversión privada, generar empleo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la competitividad internacional de Ecuador.(O)
