El Ecuador del 2023 es muy distinto al de 20 años atrás, es decir, cuando se inició este milenio y entramos a operar con dólares como moneda de curso legal. Sin embargo, la pregunta conlleva algunos elementos que cuestionan si la economía ecuatoriana, en específico el sector de las finanzas públicas, padece realmente de un problema crónico de recursos. Es común hacer referencia a que es esencial que el precio del petróleo no baje de cierto nivel, que la producción del hidrocarburo suba o que se necesitan más ingresos tributarios. Sería excelente que un aumento del ingreso petrolero o tributario sirva para reducir el endeudamiento público o generar un fondo de estabilización macroeconómico que nos proteja de contingencias futuras, sin embargo, estas necesidades de más ingresos siempre están atadas a un gasto público excesivo que no podemos cubrir.

Hay algunos trabajos de demuestran la deficiente gestión y falta de una buena administración en la esfera pública. Un ejemplo es el tiempo de rotación de una cama de hospitalización en un hospital de tercer nivel de complejidad en el sector público versus uno de similar complejidad en el sector privado. En el primer caso el tiempo es de 13 días de hospitalización y en el ámbito privado es de 3 días y medio, es decir, se podría atender a 2 pacientes adicionales por cama en un hospital público únicamente mejorando la gestión hospitalaria. Eso significa que no habría necesidad de un solo dólar adicional si la administración mejorara al nivel privado. Si bien éste es un ejemplo puntual, el problema se puede extrapolar a niveles más generales. El peso del gasto en sueldos y salarios hace 20 años era de aproximadamente 5% del PIB, ahora ese egreso representa alrededor del 10% del PIB; es decir, frente al tamaño de la economía de cada fecha, lo que hace totalmente comparable el caso, se tiene el doble del gasto. Si eso habría redundado en una mejora sustantiva de los servicios públicos hasta se podría aceptar tal incremento, no obstante, éstos han mejorado en algunos servicios específicos pero en la generalidad de los mismos no solo que han permanecido igual sino que algunos han empeorado.

El caso del gasto del presupuesto destinado a la educación es un tema que merece especial atención. Sin duda que la educación es el sector donde el estado debe aplicar sus mejores esfuerzos, pues sin una buena educación es imposible el progreso de la sociedad y se imposibilita la eliminación de la pobreza. Sin embargo, ni en la asignación presupuestaria del 6% del PIB que consta en la propia Constitución, ni en ninguna normativa consta si esa cantidad de recursos debe considerar criterios de un uso eficiente del gasto, únicamente se concentra en la cantidad. Si no se consideran principios de la calidad del gasto público y únicamente se enfatiza en la parta cuantitativa, la mejora en la calidad de los servicios públicos no va a llegar y “nunca” va a ser suficiente lo que el Estado entrega en recursos para educación, salud, justicia o seguridad.

Otra característica de lo anotado es la incapacidad de gasto en muchos ministerios y entidades públicas. No existe período fiscal en que no se tengan presupuestos no ejecutados, lo que provoca, entre otras secuelas, un lamentable desperdicio de fondos. Las instituciones no alcanzan a gastarse todo lo presupuestado y si lo hacen la calidad del mismo no es la mejor. Por cierto, es también muy común que a pesar de no ejecutar el presupuesto asignado siempre presionen por más recursos, lo cual hace muy cuestionable tales requerimientos.

Es entonces fundamental que se incorpore el principio de la calidad del gasto público en el manejo de las políticas públicas, no solo para el gobierno central sino para toda la esfera pública, es decir, entidades autónomas, instituciones de control, gobiernos seccionales, etc. Esta reforma en la conducción de los recursos públicos debe acompañarse de una real reducción de la obesidad estatal, pues ésta no solo produce ineficiencia como se anotó, sino también invita a conductas ilegales y prácticas corruptas. Por lo expuesto, es inexacto y poco realista sostener la falta de recursos fiscales. (O)