El gobierno de Donald Trump avanzó con nuevas restricciones migratorias que endurecen las condiciones para que las empresas contraten profesionales extranjeros con visas H-1B. El 18 de septiembre, la Casa Blanca extendió por otros 12 meses la exigencia de un pago de US$ 100.000 para determinadas nuevas peticiones de trabajadores que ingresen a Estados Unidos bajo este programa. 

La medida original, vigente desde septiembre de 2025, permanece bajo disputa judicial después de que un juez federal bloqueara el cobro y el caso pasara a instancias de apelación. Según la propia Casa Blanca, el pago de US$ 100.000 acompañó a poco más de 700 peticiones desde su implementación, una cifra que refleja el fuerte impacto de la barrera económica sobre las nuevas contrataciones bajo esta categoría migratoria.

La segunda decisión llegó a través de un decreto presidencial que elevó el nivel de control sobre las solicitudes de visas H-1B, con especial atención sobre las compañías que despidieron trabajadores estadounidenses durante el último año o que prevén nuevos recortes de personal. La orden instruyó a los departamentos de Estado, Trabajo y Seguridad Nacional a considerar esos antecedentes al evaluar peticiones, visas e ingresos al país, además de reforzar el intercambio de información entre organismos federales. 

El cambio podría traducirse en mayores exigencias de documentación y controles adicionales para los empleadores, una dinámica que ya tuvo antecedentes durante el primer mandato de Trump, cuando aumentó con fuerza la proporción de trámites H-1B que recibieron pedidos de evidencia adicional por parte de USCIS.

Las visas temporales H-1B constituyen una de las principales vías para que profesionales extranjeros altamente calificados puedan desarrollar una carrera de largo plazo en Estados Unidos. Bajo este programa, los empleadores deben pagar el salario más elevado entre la remuneración efectiva del puesto y el sueldo vigente para trabajadores estadounidenses con experiencia y antecedentes comparables. 

El peso de estos profesionales resulta especialmente relevante en sectores tecnológicos: las empresas que contratan personal en universidades estadounidenses señalan que los estudiantes internacionales representan entre el 75% y el 80% de los alumnos de posgrado a tiempo completo en disciplinas relacionadas con la inteligencia artificial (IA), entre ellas informática y ciencias de la información.

El gobierno de Donald Trump impulsa y aplica una serie de políticas que endurecen las condiciones para que las empresas accedan a profesionales nacidos en el extranjero. Las iniciativas alcanzan tanto a los titulares de visas H-1B como a estudiantes internacionales, sus cónyuges y trabajadores que buscan obtener la residencia permanente por motivos laborales. Entre las principales medidas figuran:

• El Departamento de Trabajo propuso una norma que elevaría de forma sustancial el salario mínimo obligatorio para los titulares de visas H-1B y para quienes soliciten la residencia permanente a través de un empleo.
• El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planteó una norma que establecería una tarifa de US$ 103.265 para nuevos profesionales con visa H-1B sujetos al límite anual del programa.
• El DHS prepara además otra norma que incorporará nuevas restricciones a la categoría H-1B, lo que podría endurecer todavía más los requisitos para empresas y trabajadores extranjeros.
• Otra propuesta busca eliminar la autorización laboral para muchos cónyuges de titulares de visas H-1B, lo que reduciría las posibilidades de que esas familias cuenten con dos ingresos mientras permanecen en Estados Unidos.
• El gobierno también propuso eliminar el período de gracia de 60 días que actualmente permite a los titulares de visas H-1B permanecer en el país después de perder su empleo mientras buscan otro puesto o modifican su estatus migratorio.
• Una norma definitiva limitó a cuatro años la permanencia de estudiantes internacionales y titulares de visas J-1 bajo determinadas condiciones. Un juez federal de distrito postergó recientemente su entrada en vigencia, por lo que la medida todavía enfrenta obstáculos judiciales.
• Otra iniciativa incluida en la agenda regulatoria apunta a establecer una tarifa significativa sobre la Formación Práctica Opcional, el programa que permite a estudiantes internacionales trabajar temporalmente en Estados Unidos en puestos vinculados con sus estudios.

Trump extiende por 12 meses la tarifa de US$ 100.000 para los nuevos titulares de visas H-1B

El gobierno de Donald Trump extendió por otros 12 meses la vigencia de la tarifa de US$ 100.000 que deben afrontar determinados nuevos titulares de visas H-1B. La decisión implica que el pago continuará exigido hasta el 21 de septiembre de 2027, en lugar de vencer en septiembre de 2026. "El 19 de septiembre de 2025, se emitió la Proclamación 10973 (Restricción a la Entrada de Ciertos Trabajadores No Inmigrantes) (Proclamación de 2025) para abordar los abusos significativos del programa de visas de no inmigrante H-1B", señaló el texto oficial. 

"Las restricciones implementadas por la Proclamación de 2025 demostraron demostrado ser muy efectivas, pero las condiciones subyacentes que las justifican persisten. Por lo tanto, redunda en interés de Estados Unidos extender la Proclamación de 2025 por 12 meses adicionales, hasta las 12:00 a. m. (hora del este) del 21 de septiembre de 2027", precisó la proclamación.

La Casa Blanca justificó la continuidad del cobro de US$ 100.000 al señalar que todavía persisten las condiciones que motivaron su implementación. De esta manera, la medida no posterga ni suspende el pago, sino que mantiene la tarifa vigente durante un año adicional. 

"Si bien la Proclamación de 2025 y la reglamentación subsiguiente tuvieron los efectos deseados, persisten las condiciones subyacentes que motivaron su emisión y, sin una extensión de la Proclamación de 2025, es muy probable que el progreso se detenga y se reanuden los abusos del programa, lo que perjudicaría a los trabajadores estadounidenses y representaría una amenaza para el mercado laboral que sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos", señaló el texto oficial.

En junio, el juez federal Leo T. Sorokin, del Distrito de Massachusetts, falló a favor de una coalición de 20 estados, encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, que cuestionó la tarifa de US$ 100.000 impuesta por el gobierno de Donald Trump a nuevos titulares de visas H-1B. El magistrado aceptó el pedido de los demandantes para resolver el caso mediante una sentencia sumaria y anuló la medida. "La política que implementa la Proclamación se declara ilegal y se anula en su totalidad", declaró.

Sorokin consideró que la disputa planteaba cuestiones constitucionales vinculadas con la separación de poderes y con los límites de las facultades presidenciales en materia tributaria. "Los demandantes alegan que la política excede el alcance de la autoridad del Presidente en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y que invade la facultad exclusiva del Congreso para imponer impuestos según la Constitución", escribió. El juez también sostuvo que el pago exigido debía interpretarse como un impuesto y no como una sanción. Según el magistrado, "el razonamiento de la Corte Suprema en estos dos precedentes respalda la conclusión de que el requisito de pago de 100 000 dólares constituye un impuesto, no una multa". Los precedentes citados fueron Bailey v. Drexel Furniture Company y National Federation of Independent Business v. Sebelius.

En julio, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos rechazó el pedido del gobierno de Donald Trump para suspender el fallo del juez Leo T. Sorokin, que había anulado la tarifa de US$ 100.000 aplicada a nuevos titulares de visas H-1B. Tras esa nueva derrota en los tribunales, el gobierno presentó una apelación para intentar revertir la decisión y mantener abierta la defensa legal de la medida.

Aunque la nueva proclamación podría servir al gobierno para preservar sus alternativas jurídicas mientras avanza la apelación, el propio documento incorpora datos que podrían complicar otra iniciativa migratoria: la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para cobrar una tarifa de US$ 103.265 sobre las solicitudes H-1B sujetas al límite anual. La información incluida por la Casa Blanca plantea interrogantes sobre uno de los supuestos centrales utilizados para justificar ese nuevo cargo.

La proclamación reconoce, en los hechos, que la tarifa de US$ 100.000 redujo de manera drástica la cantidad de trabajadores extranjeros que ingresaron a Estados Unidos bajo solicitudes alcanzadas por ese pago. Ese resultado entra en tensión con la premisa utilizada para proyectar la tarifa de US$ 103.265: que una cantidad suficiente de empleadores estaría dispuesta a asumir ese costo y permitiría al DHS aprobar igualmente 85.000 solicitudes H-1B por año. Sobre esa base, el organismo calculó una recaudación cercana a US$ 8.800 millones, destinada a financiar distintas funciones federales relacionadas con la inmigración.

La nueva proclamación incorporó un dato que complica la justificación oficial de la tarifa de US$ 103.265 que propone el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). "La Proclamación de 2025 entró en vigor el 21 de septiembre de 2025 y, desde entonces, se realizó el pago de $100,000 para más de 700 peticiones ", según la nueva proclamación. Esa cifra plantea una contradicción: el gobierno sostiene que al menos 85.000 personas podrían obtener cada año el estatus H-1B mediante el pago de una tarifa de US$ 103.265, aunque los empleadores aceptaron desembolsar una suma prácticamente idéntica por apenas algo más de 700 profesionales bajo la medida anterior. Además, el DHS no incluyó en su Aviso de Propuesta de Reglamentación que, durante el último año, solo se registraron alrededor de 700 pagos correspondientes a la tarifa de US$ 100.000.

Existe, además, una diferencia importante entre ambas medidas. La tarifa de US$ 100.000, impuesta en septiembre de 2025, alcanzaba a nuevas solicitudes de visas H-1B presentadas para trabajadores que se encontraban fuera de Estados Unidos, ya que la proclamación presidencial se apoyaba en una facultad vinculada con la restricción de ingreso al país. La propuesta de US$ 103.265, en cambio, tendría un alcance mucho más amplio, porque se aplicaría a todas las solicitudes H-1B sujetas al límite anual.

La proclamación también expone una dificultad adicional para la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El organismo justificó la nueva tarifa bajo un argumento concreto: "La nueva tarifa está diseñada para... recuperar una parte de los costos totales de los servicios de adjudicación de inmigración y naturalización incurridos por múltiples agencias federales". Sin embargo, la propia Casa Blanca atribuyó a la tarifa de US$ 100.000, prácticamente equivalente en monto, un objetivo distinto: reducir el ingreso de trabajadores extranjeros y limitar el acceso al programa H-1B. Esa diferencia podría debilitar el fundamento utilizado por el DHS para sostener que el cobro de US$ 103.265 responde principalmente a la necesidad de recuperar costos administrativos.

La proclamación, de hecho, destacó como resultados positivos la caída de las solicitudes y la menor utilización del programa. Según la proclamación, "desde la entrada en vigor de la Proclamación de 2025 y la posterior promulgación de la norma final del DHS, se produjeron varios impactos cuantificables en el programa H-1B, incluida una reducción significativa en las solicitudes de registro H-1B presentadas por grandes empresas de subcontratación de TI", señaló el documento. "También se produjo una gran reducción en las solicitudes de procesamiento consular, que se utilizan para traer trabajadores a los Estados Unidos, observándose una disminución de casi el 97 % entre los periodos de cupo del año fiscal 2025 y el año fiscal 2027", agregó la proclamación. De acuerdo con esos datos, el gobierno consideró la reducción de casi el 97% en las solicitudes de procesamiento consular como uno de los efectos concretos de la política.

Es probable que los abogados de la administración deban explicar ante un juez por qué una medida diseñada para disuadir a los empleadores de contratar a titulares de visas H-1B ahora se utiliza, supuestamente, para recaudar fondos tras convertirse en una norma de la agencia. El dato de que solo unas 700 personas ingresaron a Estados Unidos después de que sus empleadores aceptaran pagar US$ 100.000 debilitará aún más la afirmación del DHS de que la tarifa de US$ 103.265 no desalentará de manera significativa la contratación de titulares de visas H-1B y, por lo tanto, le permitirá recaudar US$ 8.800 millones.

La proclamación tampoco mencionó que algún empleador hubiera recibido durante el último año una exención del pago de la tarifa de US$ 100.000 porque el ingreso de una persona resultara de interés nacional.

Un decreto ordena a las autoridades migratorias aumentar el control sobre las solicitudes de visa H-1B

El 18 de septiembre, la Casa Blanca emitió un decreto titulado "Mejorar la integridad del programa y la coordinación interinstitucional en la administración del programa de visas de no inmigrante H-1B". La medida instruyó al Departamento de Estado, al Departamento de Trabajo y al Departamento de Seguridad Nacional a intensificar la revisión de las solicitudes de visa H-1B, tanto para nuevas contrataciones como para la continuidad de empleos existentes.

El abogado de inmigración Cyrus Mehta explicó en una entrevista que el texto del decreto sugiere que el Gobierno busca ampliar el alcance de los controles del Departamento de Trabajo y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) más allá del proceso de emisión de visas en el exterior. Según indicó, la medida también podría alcanzar la evaluación de las peticiones H-1B, incluidas las solicitudes de prórroga. Mehta señaló además que el decreto delega autoridad en virtud del artículo 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), aunque esa disposición está orientada principalmente al control del ingreso al país.

"Es posible que esa delegación respalde restricciones vinculadas con la emisión de visas y la admisión, en lugar de las decisiones del USCIS sobre solicitudes de prórroga presentadas por personas que ya se encuentran en Estados Unidos", afirmó. "Eso podría convertirse en un argumento para una impugnación si el DHS intenta aplicar la orden de manera estricta a las prórrogas", advirtió.

La orden ejecutiva establece que, al evaluar peticiones H-1B, solicitudes de condiciones laborales y visas para extranjeros que busquen ingresar a Estados Unidos para desempeñarse en ocupaciones especializadas, el Departamento de Estado, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Seguridad Nacional deberán coordinarse con el Departamento de Comercio, el Departamento de Educación y la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). El objetivo será verificar que las solicitudes cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Además, Comercio, Educación y la SBA deberán aportar información relevante sobre salarios, empleo, formación académica, actividad industrial y otras variables económicas que puedan resultar pertinentes para la evaluación.

La medida también dispone que las autoridades deberán considerar, al analizar una solicitud de condiciones laborales, una petición, una visa o el ingreso de un trabajador H-1B, si la empresa patrocinadora realizó despidos directos o indirectos durante el año previo o si prevé efectuar nuevas desvinculaciones que puedan perjudicar el empleo de trabajadores estadounidenses en puestos comparables. Ese antecedente pasará así a formar parte de los factores que podrán ser evaluados durante el proceso.

Según la orden ejecutiva, dentro de los 30 días posteriores a su entrada en vigencia, el secretario de Trabajo, a través del administrador de la División de Salarios y Horas, deberá comenzar a revisar los datos vinculados con las solicitudes de condiciones laborales (LCA) presentadas anteriormente. El objetivo será determinar si corresponde adoptar medidas adicionales contra empleadores patrocinadores en virtud de la sección 212(n)(2)(G) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Mehta advirtió, sin embargo, que una orden ejecutiva no puede modificar el marco legal vigente. Según explicó, la sección 212(n) impone determinadas obligaciones de contratación y despido únicamente a los empleadores dependientes de trabajadores H-1B y a aquellos considerados infractores intencionales. "El Congreso optó específicamente por no someter a todos los empleadores H-1B a esas obligaciones", señaló. Por eso, aunque la orden instruye a las agencias a considerar los despidos realizados por empresas patrocinadoras y al Departamento de Trabajo a revisar las LCA y evaluar posibles acciones, Mehta sostuvo que resulta difícil justificar medidas coercitivas contra un empleador no dependiente únicamente por haber despedido a trabajadores estadounidenses, salvo que exista otra violación legal independiente. Se considera empleador dependiente de H-1B a una empresa en la que al menos el 15% de su fuerza laboral en Estados Unidos tiene ese estatus migratorio.

Mehta cree que la orden ejecutiva podría indicar un mayor escrutinio de los despidos en los procesos judiciales e investigaciones, pero cuestiona si legalmente puede crear nuevos requisitos sustantivos que el Congreso no haya promulgado. "Cualquier intento de denegar peticiones o imponer sanciones únicamente porque un empleador no dependiente haya realizado despidos probablemente constituiría una violación de la ley", afirmó.

La orden ejecutiva podría indicar un retorno a las políticas migratorias del primer mandato de Donald Trump, que resultaron en altas tasas de denegación y numerosas solicitudes de pruebas. Mehta afirmó: "Si el USCIS comienza a considerar los despidos recientes como prueba de que hay trabajadores estadounidenses disponibles, podríamos ver un aumento significativo en las solicitudes de pruebas y las denegaciones, a pesar de la falta de una base legal expresa para tales consultas".

*Este artículo fue publicado originalmente por Forbes.com.