Sin duda que el Ecuador es un país muy difícil de gobernar y parecería que parte de la dificultad radica hasta en un fenómeno histórico, cultural y hasta geográfico. Una nación muy diversa que al tiempo de constituir una riqueza para muchos objetivos se convierte en una seria limitación para ciertos propósitos. La mentalidad del serrano es distinta al costeño, así como la forma de ver la sociedad y la política del quiteño no es la del cuencano siendo también diferente la lectura del manabita con la del guayasense. A la hora de aplicar políticas públicas estas visiones contrapuestas generan sus propias dificultades. Si se habla de la obesidad estatal, en Guayaquil esto genera un sentimiento más evidente de molestia que lo percibido en Quito, será probablemente por la concentración de la burocracia en la capital, entre otras razones. Así mismo, habiendo sin duda opiniones diversas en cada ciudad, mayoritariamente la baja de impuestos, por ejemplo, es más defendida en la costa que en la sierra. Y así podemos citar muchos ejemplos. No obstante, ese es nuestro país y sobre esa base deben trabajar los gobiernos.

El próximo presidente va a recibir un sinnúmero de problemas no fáciles de resolver. Adicionalmente al problema de la inseguridad, el narcotráfico, la violencia que constituyen la mayor preocupación de los ciudadanos, la coyuntura económica registra serias deficiencias que no pueden esperar mucho tiempo en ser abordadas. Ninguna de ellas tiene el camino fácil pero para resolver estas situaciones se elijen los gobiernos y sus gobernantes, No están par aplausos ni para satisfacer sus propios egos, están para hacer lo que el país requiere donde muchas acciones no van a ser del agrado de muchos pero deben ser atendidas.

Un período de un año y medio es muy corto pare reversar las debilidades de la economía ecuatoriana pero sí se pueden apuntalar políticas, se pueden reversar tendencias y se puede abrir un horizonte más claro para los próximos años. La economía ecuatoriana el 2023 va a registrar un crecimiento económico cercano al 1%. Este ritmo de expansión económico es incompatible con la recuperación del empleo. Es prácticamente imposible pretender bajar el subempleo, las distintas modalidades de informalidad y el desempleo con una actividad que crece menos que el aumento poblacional, es decir, decrece en términos de los nuevos ecuatorianos que se vinculan a la edad productiva. No es correcto compararnos con el 2020, año de la crisis de pandemia mundial, pero si es correcto compararnos con el período pre pandemia, de lo cual se observa una continuidad y un claro estancamiento. Similar panorama ocurre en la realidad de las finanzas públicas, donde el déficit fiscal del gobierno central estará cerca de los USD 5 mil millones, es decir, una magnitud mejor que la del 2020 que insisto no es correcta la comparación, pero si se asemeja a los desequilibrios fiscales de los años pre pandemia. A agosto del año en curso los atrasos bordean los USD 1.700 millones, el aporte del estadio a la seguridad social no se ha pagado en más de USD 1.500 millones, han caído los ingresos petroleros por la reducción de la producción de crudo, hay menor recaudación impositiva, no se recibieron los fondos por la venta de activos estatales como la venta del Banco del Pacífico y, al mismo tiempo, aumentó el gasto público en especial el gasto corriente. Y así se puede seguir pero esto no implica que no se puedan hacer correctivos y tomar algunas acciones.

La primera, detener el gasto público y suprimir funciones de un estado empresario, rol que no le compete al ser regulador, promotor de políticas, sancionador y supervisor. No puede ser juez y parte. ¿Qué hace el estado vendiendo gasolina, administrando las telecomunicaciones, gestionando “empresas” públicas ineficientes? Pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos. La nómina pública debe depurarse, establecer funciones y responsabilidades a sus actores y así como la mayoría son funcionarios correctos los hay también de los otros. EL promedio salarial público duplica el del sector privado y si no se impone un techo esto será una bola de nieve inmanejable.

La deuda externa en bonos, sobre bases de mercado y voluntarias, debe nuevamente someterse a un proceso de renegociación. Siempre respetando el principio de honrar las obligaciones, debe buscarse un nuevo acuerdo que reduzca la presión fiscal, De la misma forma, la deuda con las entidades multilaterales, siendo de plazos largos y en condiciones financieras adecuadas, ya representa cerca del 50% de la deuda externa total y empieza a generar también una presión fiscal importante. Habrá que también abordar este tema pero sin duda manteniendo las abuenas relaciones que siempre deben existir.

Una tercera acción que es políticamente espinosa pero absolutamente necesaria es la revisión del subsidio a los precios de los derivados de petróleo. Así como el 2020 se introdujo un esquema de ajuste gradual de precios a los derivados como gasolina y diesel, el 2023 y 2024 reciben impactos de la decisión de la consulta popular de no seguir produciendo petróleo en el bloque 43 del ITT (Ishpingo Tambococha Tiputini) con una afectación fiscal significativa de USD 1.200 millones anuales. Además, se tienen los embates del fenómeno de El Niño y la triste realidad de las finanzas públicas. Qué más argumento que la realidad actual para abordar corregir un problema estructural y focalizar subsidios directos al transporte de carga, al de personas o a la pesca artesanal. Inaudito que sigamos subsidiando precios como Venezuela cuando podemos recabar entre USD 3 y 4 mil millones anuales con esta reforma.

Un cuarto eje de acción es cambios en el esquema laboral que además de ser un costo de producción elevado que frena la inversión, es caduco y obsoleto para pretender mejorar el empleo. Formas de contratación distintas que no dependan de la decisión de la Asamblea se pueden explorar y, si consolidan alianzas políticas, emprender en una reforma.

Un quinto campo de acción es la reforma a la seguridad social que ya cuenta con un trabajo técnicamente realizado y brinda los espacios para cambios que permitan un sistema sostenible y justo. El estado tendrá que hacer su propio trabajo pero dejar este problema en el aire va a producir en corto tiempo problemas que hasta ahora no explotan pero el tiempo corre y la bomba de tiempo sigue avanzando.

Con estas acciones y sin adoptar errores de fondo como sería apropiarse de las reservas internacionales, se estaría apoyando la consolidación de la dolarización y se abriría una esperanza de recuperación económica futura. Ojalá la sensatez y la razón primen y no la irresponsabilidad y el populismo. (O)