Consuelo económico
El gobierno debe agotar todos los esfuerzos necesarios para impulsar la inversión privada nacional y extranjera y para ello debe emprender en varias reformas que son necesarias. Una de las mayores restricciones para la inversión externa es el marco laboral vigente que lejos de ayudar al empleo lo complica.

Hace pocos días se conoció la aprobación por parte del FMI de la revisión de las cifras del cierre del año 2024 que fue postergada como resultado de los meses de campaña electoral. Dicha aprobación demostró que las metas macroeconómicas a esa fecha se cumplieron satisfactoriamente, dando paso inclusive a un aumento del monto original del acuerdo en USD 1,000 millones, es decir, de USD 4.000 a USD 5.000, así como a la recepción del desembolso pendiente de más de USD 400 millones. Este informe sin duda es importante y favorable, pues además de evidenciar una mejora en la estabilidad económica frente a diciembre del 2023 en materia de desequilibrio fiscal, recuperación de reservas internacionales y otros indicadores, apoyar la liquidez del presupuesto estatal, es una señal favorable para los mercados internacionales. Esto ayuda también a reducir el riesgo país y abrir puertas para ir gradualmente avanzando y poder acceder, ojalá lo antes posible, al financiamiento privado internacional.

Sin embargo de lo positivo de esta información, no es ni de lejos lo suficiente para que el país entre en una senda de recuperación del crecimiento económico y del empleo. Los acuerdos internacionales son importantes y necesarios, más aún en un país como Ecuador tan frágil en lo fiscal y sin ahorros, pero en casi nada garantiza enrutar al país en un crecimiento económico sostenido y dinámico. Si no se hace una gestión intensa para animar la inversión privada y desahogar el presupuesto público a que colabore a través de la inversión pública, nos podemos estacionar en la estabilidad sin posibilidades de bajar el subempleo, el desempleo y la pobreza. Esta suerte del "congelamiento económico" entorpece y dificulta la gestión económica, pues si no decanta la estabilidad en mejores servicios públicos, en nuevas oportunidades de empleo, en una atención digna y eficiente en la salud, en el acceso de niños a colegios y escuelas, en una seguridad ciudadana que garantice paz y tranquilidad, en una justicia independiente, se complica seriamente seguir "vendiéndole" al país que hay que eliminar ciertos subsidios o hay que hacer una nueva reforma tributaria.

El gobierno debe agotar todos los esfuerzos necesarios para impulsar la inversión privada nacional y extranjera y para ello debe emprender en varias reformas que son necesarias. Una de las mayores restricciones para la inversión externa es el marco laboral vigente que lejos de ayudar al empleo lo complica. Con toda la fuerza política del gobierno y su mayoría legislativa debe producir un marco legal moderno que aborde temas fundamentales como el pago laboral por horas, la jubilación patronal, los tipos de contrato, los costos de contratación y despido, etc. Es muy difícil atraer inversionistas con un esquema de contratación tan caduco y obsoleto. Así mismo, la desconfianza acumulada en los inversionistas a lo largo de los años puede ser atenuada con la posibilidad de contratos que permitan el arbitraje internacional, otra gestión importante.

Si se busca que el estado colabore a través de la inversión pública para el crecimiento económico, sin reformas que flexibilice el presupuesto del estado, ese objetivo no se podrá cumplir. Es inaplazable la reforma a la seguridad social en lo pensional y en materia de salud. En el primer caso, delimitando el aporte del 40% de las pensiones, pues ese asunto rebasa el campo pensional siendo además un problema fiscal. Para abrir espacio a la inversión pública también es importante una adecuada rendición de cuentas, pues su inexistencia desperdicia fondos y reduce recursos que pueden destinarse, por ejemplo, a obras de infraestructura estatal. El sector de la educación recibe este año el 6% del PIB por mandato constitucional, así como el de la salud que recibe el 4% del PIB. No se conocen metas en esos sectores, el destino de los fondos, etc., por lo que son fondos que bien pueden ser muy ineficientemente utilizados. Un tema similar son las asignaciones a los Gad´s, que recibe el 20% de los ingresos tributarios y el 10% de los petroleros y no se conoce el uso de tales recursos. La lista es larga y se puede seguir ejemplificando.

Sectores que abren el apetito de inversionistas sin duda son el petrolero y minero, la infraestructura grande como la construcción de plantas hidroeléctricas o termoeléctricas, se estima que también pueden contribuir a la presencia de inversión extranjera. El ya largo proyecto conversado y discutido de construir una autopista Quito Guayaquil también sigue siendo una suma interesante superior a los USD 2.000 millones que a través de las figuras legales vigentes podría brindar un impulso al crecimiento económico, pues una vía de aproximadamente 350 kms., el impacto, solo en el caso del comercio, se considera significativo.

La venta del Banco del Pacífico también puede ser parte del paquete de proyectos de inversión privada. Opuestos a estas iniciativas siempre van a existir pero permanecer inmóviles parecería más perjudicial.

Es importante que no se pierda de vista que lo anotado al inicio del artículo es positivo pero es una pieza, hasta pequeña, para todas las necesidades económicas del país y no podemos contentarnos con una suerte de "premio consuelo".

Estas acciones y otras que se puedan promover deben ser oportunas y bien balanceadas, pues la ley de eliminación de economías criminales es también importante, pero ese problema rebasa lo que conste en cualquier ley, sin embargo, una ley laboral si afecta de manera directa a la inversión y al crecimiento. Probablemente hay muchas reformas que son más urgentes y trascendentes que las enviadas a la Asamblea Nacional, por lo que se estima necesario priorizar los temas de la manera mas eficiente posible y hacerlo de forma urgente. La luna de miel del gobierno no creo dure los 4 años así que las reformas más difíciles, sobre todo en lo político, deben tratarse en el menor tiempo posible. De forma paralela, las reformas constitucionales que aborden otros asuntos de interés público.

El presidente Noboa ganó de forma clara las elecciones, tiene mayoría en la Asamblea Nacional, está iniciando el gobierno y tiene apoyo popular, ¿si ahora no se la juega, cuándo? (O)