En el campo de la política económica no es técnicamente correcto separar la esfera pública de la privada. No son ámbitos distantes sino más bien son interconectados a todo nivel. El empleado público recibe su salario y compra bienes y servicios en la esfera privada y promueve el consumo particular. El contribuyente paga impuestos y con esos recursos el estado paga obligaciones estatales y cumple pasivos externos. Es decir, se puede analizar la economía privada y la pública por separado, como se lo hace cuando se define la economía petrolera o el PIB petrolero y el no petrolero, pero en términos prácticos no son campos ajenos unos a otros sino interrelacionados.
Estas aclaraciones son importantes para entender con mayor claridad lo que está ocurriendo en la economía ecuatoriana del momento, donde los distintos indicadores reflejan en mucho el comportamiento del sector privado y lo que ocurre en el sector público. Por una parte, el año 2025 ilustra el repunte del crecimiento económico respecto de lo que aconteció el 2024 en el que se registró una contracción económica expresada en un decrecimiento del PIB del 2%, fenómeno conocido como recesión. Más allá del efecto rebote que se produce cuando una economía decrece, caso del 2021 frente a la recesión del 2020 por el impacto de la pandemia del Covid y el crecimiento siguiente del 2021, en los últimos años con magnitudes distintas, el 2025 la economía ecuatoriana se recupera frente a la recesión del 2024 que ocurrió fundamentalmente por el problema de la crisis energética. Sin embargo, con el impulso de las remesas que en el 2025 superó los 7.500 millones de dólares que fue un récord histórico, las exportaciones privadas en sus principales productos como camarón, banano, café y flores, entre muchas otras, además del financiamiento externo atado al acuerdo con el FMI y el resto de multilaterales, se produjo un flujo de recursos lo suficientemente importante como para promover el consumo privado y la inversión, contribuyendo con ello para la recuperación de la economía.
Sin embargo de estos argumentos, el déficit fiscal del 2025 se situó en cerca de los 5.400 millones de dólares a pesar de que el gobierno sostiene un desequilibrio de 4.500 millones de dólares por la condonación de deuda que aplicó Petroecuador con el estado central, los atrasos presupuestarios fueron de más de 2.000 millones de dólares solo del año previo, la rigidez del presupuesto siguió impidiendo que se asigne más de un 3% del total presupuestario a gastos de capital y el tamaño de estado sigue representando alrededor del 38% del PIB cuando entre el año 2000 y el 2006 este porcentaje fue en promedio del 21% del PIB. Tampoco se menciona la calidad del gasto público como es la atención en hospitales, centros educativos o el problema de la inseguridad ciudadana.
Estos aspectos muestran con absoluta claridad que la distancia entre el comportamiento del sector público y el privado es abismal a pesar de estar interconectados entre ambos, es decir, entre la esfera pública y la privada. Esto significa que no es posible aceptar la recuperación económica del país sin resaltar el rol del sector privado a pesar de las ineficiencias del sector estatal.
El estado como tal, al menos al momento, ha dejado de ser un socio del sector privado para la reanimación económica. Se requieren cambios de forma y de fondo en las finanzas públicas para lograr esa alianza positiva entre el sector público y el sector privado. Esas reformas sin duda requieren una serie de acciones que no son fáciles de adoptar, sobre todo porque no son políticamente rentables y los gobiernos con mucha o poca razón, son reacios a tomar acción en temas que les puede generar un costo de aceptación o de afectación al respaldo popular.
Topar aspectos como una reforma a la seguridad social que es resolver un problema institucional pero también fiscal, abordar con decisión el tamaño de la nómina que casi duplica lo que se registraba en el 2003 sin resultados favorables en el sector de la salud, la seguridad, la educación o la justicia, definir que el estado no está para administrar actividades netamente empresariales como la administración de la producción petrolera, las telecomunicaciones, el sector eléctrico o las empresas de hidroelectricidad, ubican al estado como como un freno para el desarrollo económico y el progreso.
Si a la política económica se la somete a la economía política y a las apetencias electorales, el país estará frente a un problema de gran envergadura sin solución clara y sin un desenlace favorable. Los gobiernos deben cumplir lo que el país necesita sin que prime el tema político por sobre las necesidades nacionales. Las elecciones presidenciales están para designar gobiernos que toman las decisiones adecuadas para el bienestar ciudadano, a pesar del costo político de muchas acciones. No se trata de desconocer la vinculación entre la política y la economía y la necesaria gestión para que las administraciones de gobierno puedan ser gobernables, pero ese es justamente el reto de los gobiernos electos. Escoger la mejor manera posible de seguir avanzando pese a las dificultades. Puede ser que afecte los tiempos y así como que los procesos demoren pero el norte no debe modificarse y las metas deben llegar. Lo perfecto es a veces enemigo de lo bueno pero superar el beneficio político de coyuntura al beneficio colectivo de largo alcance es un error.
El Ecuador ha superado muchas crisis de distinta naturaleza pero el “dejar hacer dejar pasar”, en estos aspectos, no es un buen consejero cuando los problemas crecen y las necesidades apremian. (O)