Ecuador no depende únicamente del petróleo para su estabilidad económica cotidiana. Depende, mucho más de lo que admite, de su biodiversidad productiva. Cerca de la mitad de su economía real —medida en exportaciones, empleo rural y valor agregado agroalimentario— está directa o indirectamente ligada a sistemas biológicos vivos. El camarón, el banano y el cacao no son simples sectores agrícolas o acuícolas: son expresiones económicas de sistemas biológicos complejos cuya resiliencia sostiene el ingreso nacional.
Aquí reside un error peligroso. Se asume que la biodiversidad “siempre se adapta”. No es cierto. La resiliencia ecológica no es infinita; es un capital biológico finito que se agota cuando los sistemas productivos se simplifican, se estresan y se degradan sin medidas correctivas. Esa resiliencia es, en la práctica, infraestructura crítica del país, aunque no aparezca en los balances fiscales ni en los estados financieros.
El caso del moko en el banano es ilustrativo. La bacteria ha existido siempre. Lo que cambió fue el ecosistema que rodea a la planta: suelos empobrecidos, pérdida de microbiomas, reducción de cobertura natural alrededor de los cultivos, presión climática acumulada y modelos productivos basados en monocultivos intensivos que extraen resiliencia sin regenerarla. La enfermedad no es la causa del problema, sino el síntoma de un sistema que perdió capacidad de adaptación.
Lo mismo ocurre —y seguirá ocurriendo— con patógenos en camarón, cacao y otros cultivos estratégicos. No se trata de eventos aislados ni de “mala suerte sanitaria”: son fallas de resiliencia sistémica que, de no corregirse, derivan en crisis productivas con efectos económicos directos sobre divisas, empleo y estabilidad fiscal en un país dolarizado.
El debate suele centrarse en sanidad, control o mitigación reactiva. Ese enfoque llega tarde. Lo que está en juego es la necesidad de rediseñar ecosistemas productivos bajo metodologías regenerativas que permitan a las especies adaptarse gradualmente a cambios climáticos, genéticos y ecológicos. Corredores biológicos, diversificación genética, manejo de suelos como activos estratégicos y paisajes agroforestales no son costos adicionales: son elementos de competitividad y gestión de riesgo.
Esta asimetría no es solo ecuatoriana. A escala global, las estimaciones del valor de los servicios ecosistémicos que la naturaleza provee a la economía mundial se cuentan en decenas de billones de dólares anuales, superando el propio PIB global. En contraste, el mundo invierte apenas una fracción de esa cifra en proteger y restaurar biodiversidad, con una brecha de financiamiento que se mide en cientos de miles de millones de dólares cada año. Es decir, por cada dólar que destinamos a defender los sistemas vivos que sostienen la economía, se generan decenas —cuando no centenas— de dólares en valor apoyados en esa misma naturaleza, mientras se siguen destinando billones a actividades que la degradan. La desproporción es estructural.
Ecuador, uno de los países más megadiversos del planeta, está parado justo en el centro de esa paradoja. Su ventaja comparativa real no es solo geográfica: es biológica. Pero esa ventaja se trata como un fondo inagotable, no como un sistema con límites funcionales. Cuando la resiliencia se erosiona, el colapso no es solamente ambiental: es económico.
La biodiversidad no solo genera valor; sostiene la resiliencia de los sistemas que producen ese valor. Cuando esa resiliencia se pierde, lo que se compromete no es un “paisaje” abstracto, sino la capacidad del país para sostener exportaciones, recaudar impuestos, pagar deuda y mantener empleo. En términos estrictamente financieros, la biodiversidad funciona como un amortiguador macroeconómico: estabiliza ciclos de agua, productividad de suelos, disponibilidad de pesquerías y, con ello, la continuidad operativa de sectores productivos completos.
Tratar la biodiversidad como infraestructura crítica —medible, gestionable y regenerable— no es una opción ideológica. Es una condición operativa para países cuya estabilidad depende, silenciosamente, de organismos vivos. Implica indicadores de resiliencia biológica integrados en política fiscal, en regulación productiva, en instrumentos financieros y en gestión de riesgo país. Para empresarios, significa entender que invertir en suelos vivos, paisajes funcionales y diversidad genética es tan estratégico como invertir en logística, tecnología o seguros.
Ese es el tipo de riesgo que no aparece en los balances fiscales ni en los reportes de riesgo tradicionales, pero que termina definiendo la estabilidad económica real del país. Que Ecuador reconozca esa realidad a tiempo no es un problema de “agenda ambiental”: es una decisión de supervivencia económica. (O)