Hace varias semanas comentaba en una columna sobre las alarmantes cifras relacionadas a las desapariciones forzadas, de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Sentía —y sigo sintiendo— que había que decirlo. Porque el silencio es cómplice. Porque necesitamos estar informados. Y, sobre todo, porque es importante, promover soluciones desde la instancia o campo en el cuál nos encontremos.
Escribí esta columna desde una visión ingenua y con la esperanza de que estamos liderados por gente que en algún momento inclinará la balanza por precautelar lo más importante que tenemos, nuestros niños, niñas y adolescentes.
Yo sé que mi voz es una en medio de tantas que existen, entre tantos actores políticos, gente influyente, importante, personas que darían la vida por el futuro de nuestro país y más por el de nuestros niños, por lo menos esto es lo que se escucha en campaña, sin embargo, en estos últimos días, se publicó la noticia relacionada con que, la Asamblea Nacional no aprobó el Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA) después de más de seis años de trabajo técnico y participativo.
Este proyecto buscaba actualizar el Código de la Niñez y Adolescencia (vigente desde 2003) y fortalecer el sistema de protección de derechos de más de cinco millones de menores en el país. Fue rechazado por no alcanzar los votos necesarios.
El COPINNA planteaba principios rectores de política pública, la organización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral, y una nueva mirada a las relaciones familiares y a la justicia penal juvenil desde un enfoque restaurativo. Además, incluía medidas concretas contra el reclutamiento forzado de menores —tema sobre el que ya he escrito—, mejoraba los procesos de adopción y abordaba de forma integral problemáticas como la violencia, la inseguridad, la pobreza y la movilidad humana. No eran temas menores. Eran temas urgentes.
Ante esto, UNICEF Ecuador lamentó públicamente la decisión. En su comunicado, expresó que una vez más las necesidades de la niñez y adolescencia han sido postergadas, y que el país perdió una oportunidad histórica de saldar una deuda con su infancia.
Al leer esa declaración, sentí que vivo en un mundo paralelo. Uno donde los ciudadanos vemos la urgencia, y otro donde los líderes que toman decisiones parecen estar guiados por otros intereses. Porque no puede ser de otra forma: postergar decisiones cruciales solo por motivos políticos o ideológicos es, simplemente, inaceptable.
Se dijo que el COPINNA promovía la ideología de género, legalizaba el aborto y defendía a adolescentes infractores. Sin embargo, Pierina Correa, presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, fue clara al afirmar que nada de eso constaba en el texto. Fue, una vez más, una estrategia de desinformación.
La consecuencia: Ecuador perdió la oportunidad de avanzar hacia una protección real e integral de su infancia.
En mi opinión, seguimos decidiendo en función de quién propone las leyes, no de su contenido. El apoyo se reparte según banderas políticas, no según la pertinencia o la urgencia de las propuestas. Y mientras este juego de poder continúa, la niñez y la adolescencia pagan el precio: siguen desprotegidos, postergados, sin un proyecto de vida garantizado.
La deuda con ellos se hace más grande. Y el tiempo para saldarla, cada vez más corto. (O)
