Imagino que la decisión de imponer una tasa tan peligrosa a las actividades mineras formales en el Ecuador, para fortalecer los mecanismos de control del Estado a través de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, surgió de alguna reunión gubernamental tumultuosa en la que se mostraron las arcas vacías y se señaló como responsables, con el dedo y de uno en uno, a varios de los presentes.

De allí se habrán originado algunas llamadas urgentes a todo tipo de ex: expertos, exministros, exfuncionarios, exmineros, hasta que uno de ellos, a vuelo de pájaro, dio en el clavo y resolvió de un plumazo la emergencia: "Hay que poner una nueva tasa" habrá dicho aquel personaje, concluyendo: "Y al que no le guste que se largue del país". Como si lo estuviera oyendo...

Obviamente el personaje en cuestión no tiene nombre ni tampoco tiene responsabilidad alguna respecto de sus consejos y asesorías. Todo el problema, sus riesgos y consecuencias, caerán en su momento sobre los funcionarios de turno y, al final, sobre el gobierno que deberá hacer frente a nuevas turbulencias legales, políticas, de imagen y seguridad.

Pero, ¿por qué la tasa en cuestión es tan peligrosa? 

Analicemos en primer lugar el problema legal. La tasa en materia impositiva es un tributo que paga el administrado en contraprestación directa de un servicio público que se solicita o se usa. En este caso, la "tasa" impuesta por ARCOM ha sido prevista para financiar las propias actividades para la que fue creada esta entidad, por tanto, no existe ninguna contraprestación directa o servicio público que se relacione con la misma. Es decir, que lo se creó en realidad es un nuevo impuesto y no una tasa, esto además del problema legal y constitucional: los tributos solo pueden ser creados mediante ley aprobada por la Asamblea Nacional. De este hecho nacerán seguramente acciones de inconstitucionalidad, que me atrevo a pensar que serán el menor de los problemas para el país.

Los mayores peligros de esta famosa tasa vienen por otro lado. 

Es necesario puntualizar que ya existe una patente minera cuyo valor se calcula progresivamente en función del número de hectáreas, el régimen y los periodos en los que se encuentra cada concesión. Solo para comparar valores es importante recalcar que las actuales patentes de conservación fluctúan entre 2.5% y 10% de la remuneración básica unificada por cada hectárea concesionada por el Estado, valores que ya son los más altos de la región, mientras que la tasa minera de ARCOM impone valores situados entre el 20% y el 100% de la remuneración básica unificada, es decir, cinco veces más los valores previstos en las patentes mineras. Este nuevo valor impuesto por el Estado de manera inconstitucional y arbitraria, dejará sin posibilidad de mantener las concesiones a la mayoría de empresas presentes en el país, cuyas inversiones en exploración  e incluso con valores de capital de mercado que no alcanzan los montos que el Ecuador pretende recaudar de ellas. La conclusión patriotera y soberana que estaba de moda en otra década pero que ahora por desgracia hace ruido otra vez entre ciertos funcionarios y unos cuantos ex, es: "si no les gusta que se larguen del país". Por supuesto que muchos tendrán que salir del país, pero lo harán muy a su pesar, porque no tendrán opción de mantener sus inversiones ya realizadas y, peor aún, hacer más inversiones a futuro en un país que te cambia las reglas de juego según los vientos que soplen en verano o en invierno.

Aquí arrancan recién los peligros más graves de la famosa tasa que, aunque se la pretenda pasar por una pátina de soberanía, altivez y arrojo que más se parecen a las pesadillas de una década que quisiéramos borrar y olvidar, en realidad se está regresando al país al punto de origen de varios de los males que hoy nos pesan aun en lo presupuestario y en nuestra propia imagen: a los tiempos en que expulsábamos inversionistas que luego nos demandaban y nos ganaban arbitrajes internacionales; a los tiempos en los que se denunciaba y se violaba tratados bilaterales; a los tiempos en los que se nos veía como una jungla sin institucionalidad ni seguridad jurídica alguna.

Pero todavía se puede ahondar en mayores peligros, como por ejemplo los que vendrán de los impulsores y financistas de la minería ilegal, el verdadero azote del Ecuador actual, que deben estar frotándose las manos y riendo a carcajadas ante la famosa tasa que a ellos no los afectará jamás y que sí que dejará en fuera de juego a la gran mayoría de empresas de exploración legal en el país, o sea a los competidores que mantenían esas concesiones que muy pronto podrían pasar a sus manos. 

Imagino a varios de los personajes más nefastos del Ecuador, esos que entre estallidos, sabotajes y quemazones hacen campaña permanente por erradicar todo tipo de explotación minera legal en nuestro territorio, alentando tras bastidores la imposición de la nueva tasa y especulando con las mafias de minería ilegal, que son finalmente para quien trabajan, delante de un nuevo mapa de explotación minera en una Comala sin dioses ni leyes, sin normas ni ataduras, sin catastros ni inversionistas ni tecnologías que nos regresen a ver nunca más como destino minero, porque ya seremos solo un espectro de lo que fuimos.

Sí, se trata de una tasa muy peligrosa que nos alejará de las inversiones, que nos generará contingentes importantes en futuros arbitrajes internacionales y que, me temo, dará al traste con los esfuerzos significativos que ha hecho el gobierno actual por reducir el riesgo del Ecuador y por mostrarnos como un Estado que se encamina al orden fiscal, a la institucionalidad y, sobre todo, a la seguridad jurídica que, finalmente, es lo primero que analizan quienes quieren invertir en otro país. (O)