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Consejo de Participación Ciudadana
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Se reafirma la necesidad de eliminar un organismo que para lo único que ha servido es para evitar la fiscalización y el control a los otros organismos del estado, facilitando la corrupción y la impunidad, pero mientras tanto, y a fin de evitar que nuevamente sea controlado por quienes ya hicieron su agosto a través de su existencia, quizás sea necesario el llamar a una muerte cruzada que se los impida

24 Febrero de 2022 09.06

Desde 2008 en Ecuador, además de las tres funciones tradicionales del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), existen dos adicionales, la Electoral y la de Transparencia y Control Social, cuya cabeza es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs, que tiene como una de sus principales tareas designar, a través de concursos públicos y con veedurías ciudadanas, al Procurador General, al Contralor General, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo de la Judicatura, entre otras autoridades.

A la fecha y en todos los casos estando ya fuera de plazo, este organismo tiene pendiente el nombramiento de los nuevos titulares de la Contraloría, la Superintendencia de Compañías, la Defensoría del Pueblo, y los nombramientos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo de la Judicatura, al que, en este semana, se vino a sumar el nombramiento del titular de la Superintendencia de Bancos, luego de que la Asamblea Nacional destituyera a Ruth Arregui.

Por otra parte, de los 7 consejeros originales elegidos en 2019, han sido destituidos 5, y su presidencia ha estado en manos de 4 personas, siendo el último presidente nombrado, luego de una ardua disputa legal y política, el consejero Hernán Ulloa, sin que la presidenta anterior, Sofía Almeida, reconozca la legalidad de ese nombramiento.

En días pasados, como miembro de la academia y de la sociedad civil, fui invitado por el nuevo Presidente del Cpccs, junto a otras personas, a una mesa de trabajo en la cual las nuevas autoridades pusieron en nuestro conocimiento una serie de supuestas irregularidades que han detectado en los concursos iniciados por la administración anterior para las designaciones pendientes.

La tónica en todos los casos es la falta de transparencia en los procesos de selección (precisamente del organismo que debería garantizarla), sin que la ciudadanía, que se supone que debe estar directamente involucrada en ellos, tenga acceso a la información de cómo se están llevando a cabo; una reglamentación poca clara y coherente sobre los procesos de calificación de los postulantes; y, por supuesto, el incumplimiento de plazos y etapas para llevar a cabo las designaciones.

El compromiso que manifestaron, tanto el nuevo Presidente como la nueva Vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira, fue el de llevar adelante los concursos de designación de autoridades con toda la transparencia y celeridad que se requieren. Ojalá que así sea, aunque quizás no logren hacerlo.

El problema es que, mientras tanto, en la Asamblea Nacional, una mayoría conformada por el correísmo y sus socios, pretende llevar a juicio político a Ulloa y a los 3 consejeros de la nueva mayoría con el fin, bastante obvio, de que los concursos no lleguen a buen puerto y cooptar nuevamente ese organismo y, a través de éste, los organismos de control, como lo hicieron durante el gobierno de Rafael Correa.

De esta forma se reafirma la necesidad de eliminar un organismo que para lo único que ha servido es para evitar la fiscalización y el control a los otros organismos del estado, facilitando la corrupción y la impunidad, pero mientras tanto, y a fin de evitar que nuevamente sea controlado por quienes ya hicieron su agosto a través de su existencia, quizás sea necesario el llamar a una muerte cruzada que se los impida. (O)

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