La reciente suspensión del subsidio al diésel marca un giro trascendental para Ecuador. Por décadas, este mecanismo fue presentado como una medida social y energética: contenía el precio de la electricidad térmica en épocas de sequía y mantenía bajo control los costos del transporte. Sin embargo, en la práctica, significaba un drenaje fiscal superior a los mil millones de dólares anuales, distorsionaba la economía, desincentivaba la eficiencia y alentaba el consumo de un combustible fósil intensivo en emisiones.
Hoy, el país enfrenta un nuevo escenario. La eliminación del subsidio no es solo una decisión fiscal: es un mensaje político, económico y ambiental que redefine el rumbo de la transición energética.
El fin de una distorsión histórica
La hidroelectricidad, que cubre más del 70% de la matriz energética, ha sido durante años la carta de presentación de Ecuador frente al mundo. Sin embargo, su vulnerabilidad ante la variabilidad climática quedó expuesta en los recientes apagones. En ausencia de lluvias, el país recurrió al diésel subsidiado como respaldo térmico, profundizando la contradicción entre discurso climático y práctica fiscal.
La suspensión del subsidio rompe con esa dinámica. El precio del diésel ahora refleja su verdadero costo, tanto económico como ambiental. La señal es clara: ya no se puede sostener la seguridad energética a expensas de subsidios fósiles regresivos.
Consecuencias inmediatas
1. Alivio fiscal y margen de maniobra
La medida libera más de mil millones de dólares anuales, recursos que, si se destinan a inversión pública estratégica, pueden financiar proyectos de energía solar, eólica y almacenamiento, además de programas de eficiencia energética y electrificación del transporte. La clave está en evitar que estos fondos se diluyan en gasto corriente.
2. Servicios ecosistémicos y salud pública
Menos consumo de diésel significa menos emisiones de CO₂, NOx y material particulado. Esto reduce la presión sobre la salud humana y sobre ecosistemas frágiles como páramos, manglares y bosques secos. La suspensión es, en esencia, una política de conservación indirecta.
3. Mercados de carbono y biodiversidad
La decisión abre una oportunidad inédita: reposicionar a Ecuador como actor serio en mercados ambientales. La reducción de emisiones derivada puede convertirse en créditos de carbono, generando ingresos para proyectos de restauración y comunidades locales. Además, elimina distorsiones que antes desalentaban inversiones en mercados de biodiversidad y servicios ecosistémicos. En un contexto global donde los precios del carbono y la demanda de proyectos con integridad aumentan, Ecuador puede capitalizar su capital natural como nunca antes.
4. Competitividad y transición justa
El impacto en transporte y sectores productivos será inmediato: mayores costos operativos y presión inflacionaria. Por eso, la eliminación del subsidio debe ir acompañada de políticas focalizadas que protejan a los más vulnerables y de incentivos para modernizar la flota, migrar hacia transporte eléctrico y optimizar procesos industriales. La transición justa no es un lujo, es condición para sostener la legitimidad social de la medida.
Seguridad energética más allá del diésel
La suspensión del subsidio obliga al país a acelerar una agenda que estaba pendiente:
- Baterías y almacenamiento para garantizar flexibilidad en épocas de sequía.
- Despliegue masivo de energías solar y eólica, con reglas claras y trámites simplificados.
- Modernización de la red, indispensable para integrar renovables distribuidas.
- Gestión de la demanda, con tarifas inteligentes y digitalización del consumo.
La seguridad energética ya no puede descansar en la hidrodependencia ni en subsidios fósiles. Requiere un sistema diversificado, resiliente y coherente con la lucha contra el cambio climático.
Hacia la COP30: credibilidad climática
En noviembre de 2025, en Belém, Brasil, Ecuador tendrá la oportunidad de mostrar al mundo que su narrativa climática está respaldada por decisiones estructurales. La eliminación del subsidio al diésel es más que un ajuste económico: es una señal de coherencia que refuerza la credibilidad del país ante inversionistas, organismos multilaterales y socios internacionales.
La comunidad global exige compromisos claros y consistentes. Ecuador ahora puede demostrar que está dispuesto a alinear su política energética con la protección de su capital natural y la apertura hacia mercados ambientales.
Un nuevo activo nacional
La suspensión del subsidio al diésel no resuelve por sí sola la crisis energética, pero abre un horizonte distinto: estabilidad fiscal, menor presión sobre ecosistemas y oportunidades inéditas en mercados de carbono y biodiversidad.
La verdadera pregunta es cómo se utilizarán los recursos liberados y si el país podrá convertir esta medida en la palanca de una transición justa y sostenible.
Porque, al final, cuando cae un subsidio fósil, se levanta un nuevo activo: el valor estratégico de nuestros ecosistemas en la economía global. (O)