Ecuador no podía continuar sosteniendo una ficción disfrazada de política social. Durante más de cuatro décadas, los distintos gobiernos se empeñaron en mantener un espejismo: subsidiar el diésel como si se tratara de una dádiva paternalista. Sin embargo, los recursos no son inagotables ni se multiplican por arte de magia; el dinero destinado a los subsidios provino de los impuestos aportados por todos los ecuatorianos. En realidad, no era el Estado el que financiaba este beneficio: éramos los ciudadanos, hipotecando nuestro propio futuro.
La reciente decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel no solo constituye un acto de valentía, sino también una ruptura con décadas de complacencia. Representa un viraje necesario frente a un gasto insostenible que distorsionó la economía nacional. Los subsidios, cuando carecen de focalización y temporalidad, dejan de ser una herramienta social y se transforman en una carga estructural. Lejos de proteger a los más vulnerables, han favorecido el contrabando, beneficiado a quienes no requieren ayuda y perpetuado un círculo de ineficiencia y despilfarro.
Los datos son contundentes: actualmente el presupuesto nacional asciende a 33.000 millones de dólares en gastos frente a apenas 29.000 millones en ingresos. La diferencia se financia con deuda, que ya alcanza los 80.000 millones de dólares y compromete el bienestar de las generaciones futuras. De haberse tomado la decisión de eliminar o focalizar este subsidio hace una década, el nivel de endeudamiento sería hoy sustancialmente menor.
Se ha intentado infundir temor mediante proyecciones exageradas que anticipan incrementos del 30% en los fletes o una escalada generalizada de precios. Tales afirmaciones carecen de sustento: el impacto real en la economía será marginal, con un efecto inferior al 1% en el índice de precios al consumidor. Lo demás es producto de intereses creados y de quienes se beneficiaban de este sistema distorsionado.
El presidente Noboa asume un costo político significativo, pero lo hace con la convicción de que gobernar no consiste en regalar ilusiones, sino en administrar con responsabilidad. Su decisión no debe interpretarse como un ataque a los sectores más pobres, sino como una apuesta por el futuro: al eliminar un subsidio que beneficiaba indiscriminadamente a ricos y pobres, honestos y corruptos, se abre la posibilidad de que los recursos se dirijan de manera directa a quienes realmente los necesitan.
Con ello, Ecuador empieza a liberarse de una ficción histórica. Y aunque las críticas se intensifiquen, este tipo de decisiones marcan un punto de inflexión: el momento en que un país asume su realidad y decide romper con las cadenas de su propio autoengaño. (O)