El Ecuador repite, año tras año, una dinámica fiscal cada vez más riesgosa: gastar más de lo que produce, endeudarse por encima de su capacidad de pago y confiar en que el próximo gobierno —o el próximo crédito— sostenga un modelo que ya es insostenible. El Presupuesto General del Estado para 2026 asciende a 46.255 millones de dólares, de los cuales 35.534 millones corresponden a gastos efectivos y alrededor de 11.000 millones a obligaciones represadas, acumuladas tras años de postergar decisiones. Frente a esto, los ingresos totales apenas alcanzan los 30.120 millones, lo que deja un déficit fiscal de 5.414 millones, que en la práctica bordea los 16.000 millones si se suman las deudas acumuladas.
El diagnóstico es contundente: el país no genera, se financia. Solo el 47% de los ingresos presupuestarios son permanentes y, dentro de ese segmento, el 34,7% proviene de financiamiento; es decir, de deuda que no estará disponible el siguiente año. En términos simples, cerca de un tercio del presupuesto se sostiene en recursos prestados, no en producción ni en recaudación tributaria sostenible.
Ecuador no puede continuar hipotecando su futuro. Se requiere una reforma profunda del esquema presupuestario. No basta con ajustes puntuales de gasto ni con seguir ampliando el endeudamiento: es imprescindible reconfigurar la matriz de financiamiento del Estado. Esto implica abrir espacio a la inversión privada en sectores estratégicos que hoy permanecen cerrados bajo un enfoque de control estatal que ya no garantiza ni eficiencia ni rentabilidad.
Una nueva Constitución —o una reforma legal de gran alcance— debería habilitar la participación privada de hasta el 49% en actividades como petróleo, energía y minería, manteniendo el 51% bajo control estatal. De esta manera, el país preservaría la soberanía sobre sus recursos, pero incorporaría capital fresco, tecnología, empleo de calidad y mayor recaudación tributaria. Adicionalmente, el Estado podría percibir dividendos directos de estas inversiones, acompañado de mecanismos estrictos de transparencia y rendición de cuentas.
Solo cuando el presupuesto deje de depender de la deuda y se apoye en inversión y productividad, Ecuador podrá hablar de un crecimiento económico sostenible. Con un modelo mixto, moderno y financieramente responsable, sería factible aspirar a un crecimiento anual del 5% en los próximos cinco años, superando la proyección actual del 1,8% para 2026, que apenas permite mantener al país a flote.
El futuro fiscal no se construye con más préstamos, sino con decisiones estructurales: fortalecer la base tributaria sin ahogar la actividad económica, atraer inversión responsable y ordenar el gasto público. Ese cambio de rumbo no puede seguir postergándose. (O)