Una corriente propia de la aritmética fiscal amenaza con convertirse en camisa de fuerza para el desarrollo local: la intención del Gobierno Central de imponer a los Gobiernos autónomos Descentralizados (GADA) una rigidez presupuestaria del 80% para inversión y apenas un 20% para gasto corriente. Se atenta así contra la capacidad de municipios y prefecturas para sostener programas sociales básicos. Al satanizar el gasto corriente se oculta una incomprensión técnica de la economía real: el Estado ecuatoriano no está ahorrando; está desmantelando las redes de salud, la atención a la infancia y la protección a grupos vulnerables que tradicionalmente han sido cubiertos por lo local, ante la ausencia o la superficialidad del poder central.
Para la narrativa económica convencional, el gasto de capital (infraestructura, maquinaria) constituye la única vía legítima hacia el crecimiento. Por el contrario, estigmatiza el gasto corriente (salarios, insumos, servicios) como un consumo que agota recursos. Sin embargo, esta división es una ficción que ignora la interdependencia funcional del sistema económico.
Un bien de capital genera valor a partir de una estructura de apoyo: una carretera (capital) sin mantenimiento (corriente) se deprecia hasta la inutilidad; un hospital de alta tecnología sin médicos bien remunerados y suministros permanentes es un edificio vacío. Lo determinante para el crecimiento es la productividad de los factores de la producción. La conjunción de ambos tipos de gasto conforma la verdadera inversión. No pueden concebirse bienes de capital sin el conocimiento generado por la educación o las aptitudes resultantes de una buena salud y alimentación.
Varios autores –Gary Becker o el Premio Nobel James Heckman- han demostyrado que los gastos en educación y salud inicial no son consumo, sino las inversiones con mayor tasa de retorno para una nación. Heckman demostró que invertir en los primeros años de vida de grupos vulnerables –lo que en las cuentas públicas ecuatorianas aparece como “gasto corriente”- previene la depreciación del capital humano y ahorra costos futuros en seguridad y justicia.
Países con niveles de desarrollo similares han dado lecciones valiosas: Colombia, con su estrategia “De Cero a Siempre”, o Brasil, con las transferencias condicionadas. Ellas han demostrado que el gasto corriente en servicios sociales es el motor que permite que los individuos se inserten con éxito en el mercado laboral. En estos casos, cada dólar destinado a la mesa de los más pobres multiplicó la potencia de la infraestructura física del país.
Imponer la regla del 80/20 a los gobiernos locales en Ecuador es, en la práctica, una sentencia de abandono para los grupos de menores ingresos. Si se aprueban estas medidas, la reducción forzada del gasto operativo se traducirá inevitablemente en el cierre de centros de desarrollo infantil, la precarización de brigadas médicas rurales y el fin de programas de inserción que el Estado central ha renunciado a atender.
Esta “ilusión” matemática del crecimiento busca un equilibrio fiscal en el papel, pero genera un desequilibrio social en el territorio. Se corre el riesgo de llenar el país de “elefantes blancos”: obras físicas que no pueden operar por falta de personal o suministros. Se convierte a la inversión en un activo muerto.
La verdadera modernización del Estado ecuatoriano no vendrá de una fórmula matemática que, sino de una visión que entienda que el desarrollo comienza con la inversión social. Un país con cuentas en cero pero con desnutrición crónica infantil está hipotecando su crecimiento futuro.
La solvencia de una nación no se encuentra en la prolijidad de un balance que ignora el hambre, sino en la capacidad de sus ciudadanos para transformar la infraestructura en progreso real. Al final del día, el equilibrio que realmente importa no es el de las columnas del “debe” y el “haber”, sino el de una sociedad que no deja a nadie atrás en su trayecto hacia el desarrollo. (O)