Vivimos en tiempos en los que la palabra especialidad debería pesar más que nunca. La sociedad es más compleja, los riesgos son mayores y la tecnología —incluida la inteligencia artificial— ha democratizado el acceso a información, pero no todavía con criterio formado para los usuarios. Y ahí está el punto: saber “buscar” o pretender “saber” no es saber “hacer” y peor aun “hacerlo bien”.
Paradójicamente, en esta era hiperconectada, seguimos viendo el triunfo del generalista improvisado. Peor aún: del “tramitador todoterreno”, ese personaje que no tiene título, no tiene habilitación, pero sí una tarjeta de presentación, un contacto “en tal ventanilla” y una frase peligrosa: “Yo se lo saco rápido”. En ese mundo, la prioridad no es la solución correcta, sino el atajo a la mediocridad ¡Cuánto enferma esta forma de actuar! Y, cuando el método es el atajo, el resultado casi siempre es el mismo: más problemas, más costos, más incertidumbre, y, claramente, un incentivo directo a la corrupción.
Lo vemos a diario. Tramitadores que se superponen al trabajo de abogados, contadores o especialistas financieros; “asesores” que redactan contratos sin entender consecuencias; “gestores” que prometen licencias sin conocer requisitos; “expertos” en impuestos que confunden deducibles o planificación tributaria con milagros; y “consultores” que, ante cualquier pregunta, responden con un copy-paste que suena elegante, pero no resiste una auditoría.
Y no se trata solo de los informales. También existe una versión corporativa del mismo problema: profesionales con formación real que, por exceso de confianza o escasez de humildad, intentan jugar fuera de su cancha. Abogados que quieren darse de expertos en materias que no conocen, maestros mayores que quieren calcular cimentaciones o elaborar planos estructurales -sin atender a las graves consecuencias que puede darse, por eso la gravedade de los desastres en terremotos por ejemplo-; arquitectos que asesoran como si fueran especialistas regulatorios, expertos en materia legal, interpretando normas y creandolas desde un punto de vista de completa ignorancia en la formación derecho; ingenieros que redactan cláusulas como si fueran expertos en derecho contractual; y financieros que creen que un Excel reemplaza la norma. La interdisciplinariedad es valiosa, sí. La suplantación técnica, no.
Pero donde el asunto deja de ser anecdótico y se vuelve grave es en la salud. Médicos que pasan por años de formación, rural, internado y especialidades, mientras conviven con personas que practican medicina de manera superficial, sin método científico, recomendando tratamientos por “intuición”, por “lo vi en redes” o porque “a mi primo le funcionó”. En medicina, el costo del error no es una multa ni un trámite caído: puede ser la vida.
Lo mismo en temas aparentemente “menores”: electricidad, gas, estructuras, ciberseguridad. Ahí está el “amigo que instala cámaras” pero deja una red abierta; el que “configura el sistema” y no cifra nada; el que “arregla el tablero” y convierte una casa en un riesgo. Y cuando algo falla, el afectado siempre es el cliente final: el ciudadano, el contribuyente, el consumidor, el paciente.
Por eso, más que un debate técnico, esto es un debate ético. Zapatero a su zapato no es elitismo: es responsabilidad. Es reconocer que la experiencia, la especialización y la habilitación profesional existen por una razón: proteger a la sociedad de la improvisación y del atajo disfrazado de eficiencia.
La tecnología puede acelerar procesos, pero no debe reemplazar la formación. La inteligencia artificial puede apoyar decisiones, pero no sustituir el juicio profesional. Y el mercado puede buscar rapidez, pero NUNCA, NUNCA, normalizar la trampa fomentar la corrupción, eso no es lo que debemos enseñar a nuestors hijos y dejar a nuetra sociedad, ya de por si putrefacta en muchas áreas.
Al final, el mensaje es sencillo (y muy serio, aunque nos saque una sonrisa): si quieres que el zapato no te apriete, deja que lo haga un zapatero. Zapatero a su zapato. (O)