Las economías de menor desarrollo relativo como la ecuatoriana enfrentan desafíos estructurales que limitan su capacidad de generar crecimiento económico sostenido y de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En este contexto, la inversión pública emerge como una herramienta fundamental y estratégica para catalizar el desarrollo inclusivo y equitativo. A diferencia de la inversión privada, que se rige por la búsqueda de rentabilidad, la inversión estatal se orienta por objetivos de bienestar colectivo, crecimiento a largo plazo y satisfacción de necesidades sociales prioritarias, alineándose con planes y estrategias nacionales.
La inversión pública es crucial para expandir la capacidad productiva de una nación. Esto se logra principalmente a través de la construcción y mejora de infraestructuras críticas que reducen los costos de transporte y producción, facilita el comercio interno y externo, y atrae inversión privada al crear un entorno más propicio para los negocios.
Los proyectos de inversión pública pueden planificarse para periodos cortos, medianos o largos, permitiendo abordar desafíos estructurales que requieren décadas de esfuerzo sostenido, como el desarrollo de una nueva matriz energética o la transformación educativa. Esta visión de largo plazo es difícil de replicar en el ámbito privado.
Por su parte, la inversión en educación, salud e investigación y desarrollo es igualmente vital. Un capital humano bien educado y saludable es más productivo e innovador, lo que se traduce en mayor crecimiento económico y una fuerza laboral más adaptable a los cambios tecnológicos.
Más allá del crecimiento económico, la inversión pública tiene un impacto directo y significativo en la satisfacción de las necesidades sociales básicas y en la mejora de la calidad de vida de la población: Esto tiene un efecto multiplicador en la economía, aumentando el ingreso disponible de las familias y contribuyendo a la reducción de la pobreza y la informalidad.
Una de las mayores ventajas de la inversión pública, y lo que la diferencia fundamentalmente de la inversión privada, es su capacidad para responder a prioridades definidas dentro de un plan o estrategia nacional. Mientras que la inversión privada se guía por el lucro y la rentabilidad en el corto o mediano plazo, la inversión pública puede orientarse por objetivos globales de la economía dirigidos hacia sectores estratégicos y a los localizados en zonas de alta pobreza, sin la restricción de buscar un retorno financiero.
En la economía ecuatoriana, la inversión pública no puede ser considerada como un gasto, sino una inversión estratégica con un alto retorno social y económico. Al reconocer y potenciar este rol, se pueden superar las limitaciones impuestas por la búsqueda exclusiva de la rentabilidad y priorizando el bienestar colectivo.
Más allá de su propósito inmediato de proveer infraestructura o servicios, la inversión pública se distingue por un rasgo fundamental y de gran alcance: el efecto multiplicador. Este concepto, piedra angular de la macroeconomía, describe cómo un desembolso inicial de fondos públicos genera una cadena de impactos sucesivos y cada vez más amplios a lo largo de la economía, resultando en un incremento total del producto y la renta nacional significativamente mayor que la inversión original.
Los mecanismos a través de los cuales opera este efecto multiplicador son diversos y se extienden mucho más allá de la mera construcción o adquisición directa. Entre los principales efectos con influencia de amplio espectro en la economía se destacan la generación de empleo directo e indirecto; la diversificación productiva y estímulo a sectores conexos; la mayor utilización de recursos para la transformación en bienes y servicios. Esto no solo eleva la oferta disponible para los ciudadanos, sino que también puede potenciar la capacidad exportadora del país.
En suma, el efecto multiplicador convierte la inversión pública en una herramienta estratégica para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Al comprender y gestionar adecuadamente sus mecanismos, se puede maximizar el impacto de cada dólar invertido, desatando un ciclo virtuoso de empleo, producción y bienestar que se propaga por todo el entramado económico y social de una nación. Asimilar lo anotado compete al gobierno, aunque la realidad revela que la inversión pública y la ejecución del Presupuesto del Estado en el país son muy bajas. (O)