En un artículo anterior, reflexionábamos sobre la creciente cantidad de profesionales altamente preparados en nuestro país y la falta de oportunidades laborales acorde con ese nivel de formación, personas con maestrías, certificaciones internacionales e incluso doctorados enfrentan dificultades para acceder a un empelo digno y estable. Hoy, la discusión debe avanzar hacia otra contradicción igual de preocupante: la enorme distancia entre los requisitos exigidos por las empresas y los salarios que están dispuestas a ofrecer.
Hacia algunos años cuestionábamos ofertas laborales en las que solicitaban profesionales de entre 25 – 28 años con 5 años de experiencia o más, parecía absurdo y la discusión giraba en torno a la lógica temporal. Actualmente, el problema es aún más profundo, las convocatorias laborales exigen perfiles cada vez más complejos: manejo avanzado de herramientas tecnológicas, dominio de Inteligencia Artificial, certificaciones específicas, experiencia comprobable, inglés u otro idioma, habilidades blandas, liderazgo, adaptabilidad y disponibilidad inmediata (en ocasiones para viajar y mejor si dispone de transporte propio) sin embargo cuando finalmente se revisa el salario ofrecido, la realidad resulta desconcertante: sueldos básicos o remuneraciones a los 600 dólares, algunos incluyen bonificaciones de ley y propias de la empresa.
Siempre termino en la misma pregunta ¿Es en de verdad? ¿es justo?
Formarse profesionalmente representa una inversión económica, emocional y temporal enorme. Una carrera universitaria puede tomar entre cuatro y cinco años, una maestría implica uno a dos años adicionales y si nos vamos a la inversión económica puede llevar al endeudamiento personal o familiar. A esto hay que sumarle certificaciones, congresos, idiomas y actualizaciones constantes.
Si embargo, el mercado laboral parece valorar cada vez menos ese esfuerzo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la canasta básica familiar en Ecuador supera actualmente los 800 dólares mensuales. Esto significa que un profesional que percibe un salario básico o ligeramente superior a este, no podrá cubrir los gastos elementales: alimentación, vivienda, transporte y servicios básicos, bajo este análisis, hablar de ahorro, estabilidad financiera o desarrollo profesional se vuelve prácticamente imposible.
La precarización laboral no solo afecta la economía de las personas; también impacta su salud mental, sus proyectos de vida y su percepción de futuro. Resulta difícil construir independencia, formar una familia o proyectar estabilidad cuando el trabajo profesional no garantiza condiciones mínimas de dignidad.
Existe además una peligrosa normalización de esta dinámica, muchos jóvenes profesionales aceptan condiciones laborales desfavorables bajo la idea de “ganar experiencia” o simplemente por miedo a no encontrar otra oportunidad, porque en el argot popular “poco es mejor que nada”. El problema es que esa aceptación colectiva termina debilitando aún más el valor del trabajo especializado.
Por supuesto, las empresas también enfrentan desafíos económicos reales. Ecuador atraviesa un contexto complejo de desaceleración económica, informalidad y limitada generación de empleo. No obstante, trasladar toda la carga de esa crisis al trabajador altamente calificado tampoco es sostenible ni éticamente defendible.
El verdadero problema de fondo es estructural y ya lo había analizado en el artículo anterior. Existe una desconexión entre el sistema educativo, las necesidades productivas del país y la capacidad real del mercado laboral para absorber talento especializado. Continuamos formando profesionales bajo la promesa de movilidad social, mientras el mercado ofrece salarios que apenas permiten sobrevivir.
Reflexionar sobre esta problemática no implica desvalorizar el esfuerzo académico ni desalentar la formación. Por el contrario, implica preguntarnos qué tipo de país estamos construyendo cuando el conocimiento, la preparación y la especialización dejan de representar una vía hacia una vida digna. (O)