Privatizar es, probablemente, unos de los verbos más temidos para los hacedores de política pública en Ecuador. Al mismo tiempo, es una acción necesaria para avanzar en el desarrollo económico del país. Es un concepto que se ha llevado al extremo de la ideología, pero cuya aversión nace de una visión sesgada del rol del gobierno en la sociedad y con respecto al sector privado. Extraer estas falacias del entendimiento colectivo es un proceso que requiere tiempo, experiencia y comunicación adecuada, que siempre será perfectible, pero sin el cual, no vamos a tener inversión extranjera de calidad. ¿Por qué? 

Los privados somos todos. Privatizar es quitar el control y el derecho de administración de una empresa pública (cuyo patrimonio es de los privados ecuatorianos), del Gobierno y entregarlo a los ciudadanos privados. Luego, estos actores privados buscarán generar más valor sobre esas empresas, eliminar la falta de transparencia, generar más y mejor empleo y, en consecuencia, contribuirán más a los programas sociales, indirectamente a través de sus impuestos y directamente a través del mejor programa social, el empleo. 

El sector privado, los ciudadanos particulares, son los más capacitados para generar riqueza. Son los llamados a tomar riesgos y dinamizar estructuras empresariales. El privado es el comerciante informal, el agricultor, el emprendedor, el exportador y toda persona que entre en una dinámica económica. El sector privado es el motor del empleo sostenible. A diferencia de los individuos que se dedican al gobierno de la sociedad -lo que denominamos el sector público- cuyo rol no es directamente dirigir una dinámica empresarial, ya que no existe el sentido de riesgo (al no ser sus propios recursos los que se invierten y administran). Lo que sí corresponde a los funcionarios públicos, y en lo que quizá son mejores que el privado, es servir específicamente en beneficio de la organización de la sociedad, proponer y ejecutar políticas públicas.

Miremos el sector del transporte público. Las cooperativas de buses en Ecuador son empresas privadas. Empresas cuyo objetivo es brindar un servicio público de calidad que les permita ser rentables. ¿Estas empresas dan un buen servicio? No. A pesar de tener cierto nivel de competencia, no tienen un adecuado control de la calidad de los servicios por parte del gobierno (cuyo rol principal, debería ser precisamente ese). Este es un sector privatizado que funciona mal y que nos lleva a pensar que, si no existe una adecuada política pública que garantice la calidad del servicio de empresas privadas, en mercados con poca competencia y con precios controlados, los procesos de delegación al privado estarán destinados al fracaso.

Sin embargo, los beneficios superan a los desafíos. Las empresas públicas tienen una incoherencia fundamental en su relación entre los accionistas, la administración y los objetivos sociales. El gobierno administra empresas que son de los ciudadanos, cuyo sentido es hacer dinero. Los empleados de estas empresas son una suerte de funcionarios públicos, no están ni en el privado ni en el público, sino todo lo contrario. Y, finalmente, el dar empleo en estas empresas, fue concebido como una política social. 

Mirando hacia atrás las empresas no hacen dinero -más bien lo pierden año a año-, por lo tanto, no hay beneficios sobre la inversión que realizan los ciudadanos (inversión reflejada en los impuestos que se pagan para financiar esas empresas), sino pérdidas; no generan oportunidades empresariales de calidad y sirven para enriquecer a ciertos funcionarios públicos.

¿Cuál es, entonces, el miedo a la privatización, a parte de la calidad del servicio? Fundamentalmente nace de un problema de empleo. En las empresas públicas hay estructuras obesas que se han formado a lo largo de años, que, dejando de lado la dinámica netamente corporativa, han significado empleo y estabilidad para muchas familias. Además, estos empleos han gozado de beneficios comparativamente superiores a ciertas industrias. Es más fácil entender que, en esta realidad, se produce un miedo legítimo a perder este empleo por parte de muchos trabajadores. Miedo legítimo porque los trabajadores saben en primera persona, que pueden darse eficiencias en las empresas, que no hace falta tanta gente. Aunque ciertamente, lo que sí hace falta, es trabajo para esas personas y la única manera de que ese trabajo sea sostenible es a través de inversiones privadas. No podemos dejar de lado, evidentemente, la oposición a privatizar por parte de las estructuras grises que lucran de la falta de transparencia de las empresas. 

Comunicar los beneficios sociales que tiene un proceso de avance hacia empresas mejor administradas es sano para la sociedad, caer en la trampa de los grupos beneficiarios de las empresas públicas, no. Se debe hablar francamente de procesos de privatización fuera de la ideología y con enfoque en el empleo, discutir los desafíos y beneficios para trasmitir mensajes cohesionados a inversionistas nacionales y extranjeros que buscan inversiones de largo plazo.  (O)