El Ecuador cerró este 29 de enero su transacción de manejo de pasivos por el cual el gobierno del presidente Daniel Noboa salió a mercados con dos nuevos bonos, y obtuvo los recursos financieros para recomprar bonos que vencen en el año 2030 y 2035.

Empecemos por la estrategia implementada. El Ministerio de Finanzas colocó $2.200 millones en bonos con vencimiento en 2034 y $1.800 millones con vencimiento en 2039 con tasas de 8.75% y 9.25%, respectivamente. Con los $4.000 millones recibidos, el gobierno recompró $2.482 millones de bonos con vencimiento en 2030 y $575 millones de bonos con vencimiento en 2035, desembolsando en total $3.000 millones. Le quedan entonces $1.000 para cubrir las necesidades fiscales de este año.

Aplaudo la decisión de las autoridades de implementar una estrategia de manejo de pasivos que tenga dos tramos, por un lado, levantar recursos a través de una colocación de bonos, y usar los recursos para recomprar deuda cuyo perfil de vencimientos era altamente demandante. Recordemos que los bonos 2030 recomprados por $2.482 millones suponían un desembolso para la amortización semestral de capital de aproximadamente $248 millones o $496 millones al año cada año hasta su vencimiento en 2030.

Los mercados emergentes se han beneficiado por un interés creciente de la comunidad financiera internacional, y el Ecuador hizo bien en subirse a ese tren. Lamentablemente, el apetito de los inversionistas se concentró en el corto y mediano plazo, y el país no pudo extender los plazos de su deuda más allá del año 2039 con la nueva colocación cuando ya mantiene bonos en circulación que vencen en 2040. Las autoridades priorizaron el mantener los costos financieros por debajo del 10%, una posición responsable en pro de la sostenibilidad de la deuda considerando las bajas tasas de crecimiento económico que sufre el Ecuador.

Más allá de mostrar proactividad para aprovechar condiciones de mercado, las autoridades deben ahora redoblar esfuerzos para acelerar el proceso de consolidación fiscal y así reducir los déficits fiscales estructurales de aproximadamente 4% del PIB que vemos año a año. Esto le permitirá al país enfrentar otros desafíos que no son solo importantes sino urgentes. (O)