Tuvimos la terrible pandemia del 2020 que azotó a la humanidad entera sin excepción alguna, es decir, una crisis de salud que afectó de distinta manera a los distintos países del orbe. El Ecuador sufrió en todos los órdenes, los económicos, los sociales y principalmente los humanos. La pérdida de vidas no tiene precio y la afectación familiar de esto tampoco se puede cuantificar. Esta tragedia mundial que se manifestó con el confinamiento en la segunda quincena de marzo de ese año, le tomó por sorpresa al Ecuador, no solo por desconocerse que se iba a presentar esta pandemia sino por las condiciones económicas que el país registraba a esa fecha. Entre otras la economía ecuatoriana tenía cerca de 5 años sin crecimiento económico o con tasas excesivamente bajas, el empleo mostraba elevados porcentajes de informalidad, el déficit fiscal bordeaba el 5% del PIB, las reservas internacionales eran muy reducidas, no había ahorros fiscales y las puertas del mercado internacional se presentaban bastante restrictivas. Ese escenario con el que entraba el país al confinamiento no daba señales de atenuación sino era con el apoyo internacional, en especial, de la banca multilateral.

En ese sentido, los esfuerzos se destinaron en esa dirección y a mediados de ese año se concretó un acuerdo con el FMI de USD 6.500 millones a 27 meses pudiendo obtenerse en el último trimestre de ese año el desembolso de USD 4.000 millones, es decir, cerca del 40% del total del acuerdo. A esas cifras se sumaron más de USD 2.500 millones de los otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, entre los principales. La rudeza fue de tal magnitud que las primeras estimaciones apuntaban a una contracción económica de cerca del 11% pero, por determinadas políticas adoptadas y gracias al apoyo externo, el impacto en la actividad económica determinó un decrecimiento del PIB del 7.8% y no del porcentaje anotado, sin pretender decir que fue una recesión leve, fue intensa sin duda alguna. Se introdujo una reforma destinada a ahorrar recursos derivados del subsidio a los precios de los derivados de petróleo que estuvo antes presente, se aplicaron cambios en la normativa laboral para reducir el impacto en el empleo y en la producción, entre otras acciones. Esa gestión de política económica permitió atenuar los impactos en la situación económica derivada de la realidad de salud pública y preservar la dolarización que se vio también amenazada con el problema presentado.

El programa económico se cumplió con el trabajo del equipo económico del ex presidente Lenín Moreno y el primer equipo del presidente Guillermo Lasso recibiéndose la totalidad de los USD 6.500 millones programados. Ese esquema de política económica, sin embargo, empezó a debilitarse en varios frentes y por varias decisiones como fueron los errores de no continuar con la reforma a los precios de los combustibles, el aumento del gasto público que para el 2023 hasta septiembre es del 8.1 % a pesar de la reducción del ingreso presupuestario a esa fecha en el 8.3%, los aumentos antitécnicos del salario básico, entre otras equivocaciones. Probablemente, a pesar de estas desviaciones en la conducción económica, el mayor problema es la inacción en el tamaño del gasto público. Esta obesidad estatal produce ineficiencia en la dotación de servicios públicos, costos de tramitología a la actividad privada innecesarios y onerosos y, en los indicadores macroeconómicos, déficits fiscales permanentes y una fuerte dependencia al endeudamiento público externo e interno.

Si no se corrige la raíz del problema no resolveremos los síntomas del problema. El país se verá abocado a continuar con lo de siempre, más reformas tributarias, más deuda pública, necesidad de nuevos acuerdos con los organismos internacionales, ausencia de mejoras en los servicios públicos y, con todo ello, se continuará afectando el riesgo país y las señales a los mercados internos y externos. Si a esto se añade un ambiente político hostil y de confrontación que produce falta de gobernabilidad, más el problema de inseguridad, el país seguirá “mordiéndose la cola” en un círculo vicioso.

No es sostenible, bajo ningún argumento, persistir en mantener el nivel de gasto público vigente, peor aún aumentarlo. Ojalá entiendan los políticos de la Asamblea Nacional, las entidades públicas autónomas, los organismos de control, los gobiernos seccionales, la burocracia estatal, los partidos políticos y la ciudadanía en general. No hay futuro haciendo lo mismo. (O)