El futuro de la educación superior en el Ecuador es obscuro por no decir nulo. No porque no tengamos grandes instituciones públicas y particulares. Los rankings internacionales reconocen a varias de nuestras instituciones por su calidad de docencia e investigación. Cada institución hace esfuerzos sobrehumanos para llevar a cabo programas y proyectos que nos hacen más relevantes día a día en la geografía del conocimiento a nivel mundial. Sin embargo, esta realidad, que no es más que una coyuntura en la historia de las universidades ecuatorianas, se encuentra amenazada porque el patrimonio más importante de estas, su identidad e independencia institucional, fue secuestrado por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que, en su esencia, no es distinta de la ley mordaza de comunicación. Léase, una ley que no fue creada para proteger y fortalecer sino para controlar desde el estado en detrimento de quienes debía servir: padres, estudiantes, profesores, investigadores, promotores.

En la Constitución actual, el Art. 28 declara a la educación como un "servicio de interés público" a diferencia de la Constitución de 1998 que declaraba a la educación como un "derecho irrenunciable de las personas y deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia". Esto es, de por si, un ataque increíble a la sociedad civil pues, combinado con el artículo 2 de la LOES que define los "Fines de la Educación Superior" y, al declararlo un "bien público social", se le quita a la sociedad civil (a los padres, estudiantes, profesores, promotores), el derecho de auto administrar su vida y buscar la educación que más le convenga y como el Estado es el encargado de administrar y disponer sobre la cosa pública, luego es el Estado quien decide sobre la educación que debe recibir la sociedad civil. Y, como bien sabemos, el estado siempre está representado por el gobierno de turno y sus propios intereses. 

El "interés público" no es más que lo que el gobierno de turno defina como interés público. De hecho, el art. 8 de la LOES define los fines de la educación superior, indicando de una vez a qué se deben someter todas las universidades sean estas públicas o particulares, entre ellas, por ejemplo y muy grave, literal e) "Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo". ¡¡El Plan Nacional de Desarrollo es la propuesta política de un partido político cuando llega al Poder !! Luego, son los intereses del Estado, perdón, los del partido político gobernante de turno, los que priman y no los de las personas. Perversión total.

Hoy, más de una década después de que fuera promulgada esta ley, es evidente que quienes la diseñaron, lo hicieron a costa de las buenas intenciones y el altruismo de una nación para perpetuar su poder sobre las mentes de futuras generaciones y refundar el sistema en términos que fueran convenientes para su agenda de gobierno. Si esta ley no es eliminada y no se crea una nueva que respete la distinta naturaleza de la gestión pública y privada, como elementos fundamentales de una sociedad sana, en menos de treinta años estaremos peor de lo que estábamos a inicios de la década de 1980. Más peligroso aún es que el precedente que sienta la LOES en cuanto a la capacidad del Estado de intervenir en el sector privado so pretexto de defender garantías constitucionales, augura un futuro negro para la actividad del sector privado más allá de la educación.

El derecho a la educación está garantizado por la constitución actual. Y, no solamente es garantizada de la misma manera que otros 130 temas a lo largo de los 444 artículos del documento, sino que tiene el privilegio de ser considerada un bien de interés público. Con el fin de garantizar la educación, se creó la LOES que es aterrizada en un reglamento que a su vez se aterriza en un reglamento de régimen académico, uno de escalafón y otro de aranceles, entre muchos otros. Las instituciones del Estado que administran, aplican y hacen cumplir esta ley son la SENESCYT que es básicamente el ministerio de educación superior. Existe también un Consejo de Educación Superior que es un cuerpo colegiado supuestamente dirigido por académicos, que, al ser elegidos, se encuentra sumido en una dinámica política compleja. Finalmente, existe el ente asegurador de la calidad, el CACES. En conjunto, estos tres entes han amordazado, hiper-regulado, y abusado de la actividad. Hoy esto sucede menos que antes pues se ha intentado corregir los problemas que se crearon durante el gobierno de la RC, pero el daño es verdaderamente profundo.

Desde la creación de la LOES se ha buscado estandarizar las mallas de las carreras, regular los contenidos de las materias y limitar los sílabos de las clases de los miles de profesores que dictan sus cursos en las universidades del país. Se ha buscado estandarizar las políticas administrativas de todas las instituciones y reglamentarlas de tal manera que daría lo mismo ir a la universidad A, B o Z. Se ha reglamentado sobre la manera en que las universidades pueden dar becas con sus propios fondos y en la forma en que se admiten los estudiantes. Se ha buscado limitar la capacidad y gestión económica de las instituciones, se ha reglamentado y limitado la manera en que deben gobernarse a conveniencia de una visión socialista, estatista, expropiatoria, generando tremendos conflictos de interés y politizando las instituciones. Quienes eran colegas ahora son competidores por poder, quienes eran profesores por vocación, ahora son empleados con un plan de carrera, y peor aún, son votantes, electores, agentes políticos, catalistas de la pugna de poderes en las que se sumergirán estas instituciones. Usando la excusa de la garantía constitucional, usando la LOES como instrumento y a las instituciones del Estado como músculo, el Estado se ha metido en todo y, para variar, en buen quiteño, ha botado jodiendo todo. 

Se ha ignorado que las instituciones, tal como las personas, tienen características únicas, unas dadas por su genética (sus principios fundacionales) y otras por su entorno. Una universidad católica, por ejemplo, va a compartir en su “ADN” con otras universidades católicas: su visión va a ser similar simplemente por virtud de ser católica, su gobernanza va a ser similar, la “misión y visión” de todas ellas van a compartir elementos fundamentales. En lo práctico, en el día a día, sin embargo, pueden ser completamente distintas. El mix de profesores y carreras que ofrece, el entorno en que se encuentran (Santiago de Chile o Quito), los orígenes de quienes asisten a ella, etc., van a hacer que la PUCE y la Católica de Chile no sean un clon la una de la otra.

Lo mismo sucede con escuelas politécnicas o universidades particulares. Para no usar ejemplos locales que puedan ser ofensivos, me remito a universidades emblemáticas de otros países como Harvard y Princeton: ambas privadas, ambas construidas alrededor de la metodología de las artes liberales: no pudieran ser más distintas y los estudiantes postulan para una u otra por cómo se identifican con ellas a nivel individual, por su historia familiar, o por los profesores que ahí enseñan y con quienes quieren educarse. Caltech y MIT, no pudieran ser más distintas. Oxford y Cambridge, públicas, no pudieran ser más distintas. Independientemente de donde se ubican en los rankings año a año, Yale, Harvard, Oxford, MIT, Salamanca, seguras de su identidad institucional, reciben y gradúan miles de estudiantes y profesionales todos los años, contribuyen a la construcción del conocimiento, y se gobiernan de forma distinta y de acuerdo a sus fines propios. 

Y es esa diversidad que da la autodeterminación de cada institución, pública o privada, que va desde sus mallas académicas, pasando por el perfil de sus profesores, hasta su forma de gobierno, la que enriquece la oferta educativa y que termina convirtiéndose en un ecosistema de competencia sana en la que cada institución busca ser la más apetecible en su categoría específica para el perfil de estudiante que desea. Una persona, ya sea un estudiante o un profesor, debe ser libre de elegir ser educado o educar en una institución que sea afín a sus propios principios y para ello debe haber instituciones con principios distintos. Pero, cuando los principios individuales se borran en favor de una agenda de gobierno y de una ley impuesta con el fin de impulsar una sola ideología sobre todas las instituciones y personas, hablamos de una intromisión inexcusable en los derechos individuales. 

La garantía constitucional pervertida para ser usada con fines políticos, usada para la venganza y la eliminación de personas con nombre y apellido, tomada de manera superficial por quienes no entendieron el trasfondo del gesto y aprovechada por otros para utilizar instituciones con su propia historia, sus propios principios fundacionales, sus promotores y fundadores, para impulsar sus propias creencias, con la excusa de “democratizar”, “institucionalizar”, “modernizar”, “trasparentar” la educación, lo que ha hecho es desinstitucionalizar y condenar la educación superior en el Ecuador. Y, en consecuencia, condenar el derecho a que las personas y las instituciones tengan principios propios, lo cual es algo fundamental para poder tener una sociedad sana, libre, democrática. La LOES ha borrado la línea entre sector privado y público en la educación superior y al hacerlo no toma en cuenta realidades básicas que diferencian ambas esferas y el rol que cumplen. 

El estado está constitucionalmente obligado a educar. Y, por tal razón, obligado a proporcionar los recursos para que las instituciones públicas puedan llevar a cabo la actividad. Por esta razón, cuando una universidad pública tiene un déficit el Estado es quien debe proveer los recursos para sacarla adelante. No se esperaría que el rector de la Universidad Central o la ESPOL empeñen su propio patrimonio para suplir un déficit presupuestario. Eso es el rol del Estado quien es, también, quien controla el futuro de esa institución por medio de los futuros presupuestos y otros candados administrativos. De facto, el Estado es el dueño de la universidad Pública. 

En el sector privado quienes han puesto plata, persona y garantías para crear, impulsar, promover y crecer las instituciones particulares han sido los promotores y fundadores de estas. Ellos, sin embargo, fueron separados de un tajo de sus creaciones usando la fuerza de la LOES pues al decir de “las universidades no tienen dueños” el derecho de decidir sobre el futuro de estas y la potencial obligación de responder por estas con su propio patrimonio, se les ha pasado a administradores temporales elegidos entre profesores y administrativos. Se desvirtúa así la institucionalidad de estas y se confunden derechos de propiedad (control, monitoreo, direccionamiento), como lo que tiene el Estado con las instituciones públicas, con la gestión empresarial con fines de lucro en donde los beneficios de la gestión de la institución se reparten entre accionistas.  

Seguro ni pensaron en algo tan sencillo como esto: una universidad es inembargable. Al banco que quiera embargar un campus universitario le iría mejor intentando embargar un convento. Ahora, como en todo, mientras haya flujos en las cajas de las instituciones particulares no pasa mucho. Asimismo, las garantías y la sostenibilidad se pueden mantener construyendo fondos patrimoniales (endowments) como los que mantienen muchas universidades privadas del primer mundo y que rondan en sumas exorbitantes pues todo lo que se puede usar de estos es un porcentaje de los rendimientos que estos producen, de otra manera se encogen en el tiempo y desaparecen. Actualmente se permite tener este tipo de reservas pero durante la época de RC se impidió tenerlos, también por ley. Pero, más allá de que los endowments no están para suplir gasto operativo, pues en cualquier operación sana el gasto operativo se cubre con ingreso operativo. 

¿Qué pasa cuando vuelva un gobierno populista, para el cual lo primero será atacar la educación como forma de controlar a la sociedad civil? ¿Qué pasa con instituciones que dependen de sus flujos para dar becas, pagar profesores, invertir en investigación e infraestructura cuando para “proteger el derecho a la educación” se disponga reducir por ley los aranceles en apenas un 25% y se les exija admitir o becar a más y más estudiantes? ¿O qué pasa cuando los fondos patrimoniales, los endowments, vuelvan a prohibirse como ya lo estuvieron antes? Básicamente se las condena a desaparecer. O, tal vez, ¿se espera que los rectores y autoridades elegidas de las universidades particulares pongan su propio patrimonio a beneficio de las instituciones que se les han entregado? O, peor aún ¿se espera que estas sean absorbidas por el sector público y así eliminar de un tajo la educación superior particular?

En la ley mordaza de comunicación la sociedad civil identificó un peligro y fue subsecuentemente condenada y cambiada. La LOES es mucho peor pero no se ha querido ver el verdadero peligro que presenta. Por un lado, porque la democracia y la legislación en nuestro país son juegos de popularidad y las personas a quienes afecta directamente a primera vista, los promotores de las universidades particulares, no son personas especialmente populares. Nos dejamos dominar por nuestras preferencias y nuestra capacidad de sentir simpatía o antipatía: como nos caen mal o piensan distinto que nosotros, que se frieguen. Por otro lado, porque, a diferencia de los bancos o medios de comunicación, las universidades particulares no tienen dueños porque quienes redactaron la ley así lo decidieron, y por lo tanto no pueden reclamar derecho de control sobre sus creaciones. Y, como son un puñado de personas, el daño es mínimo y nos da a todos la satisfacción de sentirnos altruistas y benefactores de la sociedad beneficiándonos de ideas y esfuerzos ajenos. Lo que no vemos es que, si no hay libertad, autonomía, competencia, individualidad en la educación, solo quedan el adiestramiento y el adoctrinamiento. Y si no hay seguridad jurídica sobre las creaciones de los individuos, los afectados no son los promotores y fundadores que nos caen mal. Los afectados somos todos. 

Cada institución debe poder crearse, estructurarse, manejarse, gobernarse, y definirse de manera que refleje su visión fundacional. Deben tener igual derecho de existir y autogobernarse instituciones pontificias, cooperativas, privadas, de gobierno compartido, liberales, conservadoras, socialistas y anarquistas. El Estado, en su rol de árbitro, lo que debe garantizar es una sociedad educada, con mentalidad de crecimiento, con capacidad de respeto del otro y sus ideas, por opuestas que sean a las nuestras, en la que los individuos podamos asociarnos libremente y sin temor a que el vaivén legal al que nos pueda someter el gobierno de turno nos obligue a traicionar nuestros principios. 

La LOES, al ser un instrumento de control perverso no puede ser reformada. Debe ser eliminada. Quienes se han beneficiado de esta deben hacer un acto de contrición, dar un paso al lado reconociendo su rol pasivo en la desinstitucionalización de la educación superior y permitir que esta ley sea eliminada. 

Si deseamos que la educación superior en el Ecuador tenga futuro, debe formularse una nueva ley que reconozca las diferencias entre la esfera privada y la pública, como sucede en todo el resto de las actividades relacionadas con los derechos garantizados en la constitución. La salud y el alimento también están garantizados, pero a nadie se le ha ocurrido decir que una cadena de supermercados no puede ser controlada por sus accionistas o que su gerente no puede durar más de cinco años en el cargo. Tampoco la administración del un hospital privado está sujeta a elección popular entre médicos, enfermeras y administrativos o su gerencia limitada a dos periodos de cinco años como si una gerencia, un rectorado o la dirección de una institución particular debieran regirse por los mismos principios del sector público. Peor aún, en el sector de hidrocarburos, que, de igual manera que la educación es un bien de interés público, tampoco se han dispuesto medidas similares a las que ha dispuesto la LOES respecto de las universidades.

Y este es el mayor peligro para la sociedad: la LOES presenta el precedente jurídico perfecto para crear una cascada de leyes de ese estilo. Si no se toman medidas para fortalecer la independencia del sector privado en todas sus áreas, mañana nos encontraremos con un país en el que todos compremos pan en la fila de las tiendas del estado y nos pongan gasolina de acuerdo a lo que el estado decida que nos deben poner. No podremos escoger el médico y, eliminado el sector privado, lo que quedará es un sistema quebrado como todo lo que ha tocado el gobierno históricamente. Con el propósito de sentar las bases para un futuro prometedor para el país, el gobierno actual y la sociedad civil deben dar prioridad alta al peligro que presenta la LOES y atender los daños que ha sufrido la educación superior en su estructura misma al borrar la línea entre el sector privado y el público. (O)