A partir del 23 de diciembre pasado se declaró obligatoria la vacunación contra el Covid-19 en Ecuador, siendo el primer país latinoamericano en que se toma esta decisión. La medida causó revuelo, no tanto en el país (aunque algunos escarceos hubo en Twitter), en el que no existe un movimiento o tendencia antivacunas fuerte y en el que ya está vacunada más del 70% de la población, pero sí a nivel mundial, justamente cuando muchos países, frente a la nueva ola de contagios desatada por la variante Ómicron, debaten sobre la posibilidad de volver obligatoria la vacuna.
Y es que el tema es complejo porque quienes se oponen a la obligatoriedad de la vacuna defienden uno de sus bienes más preciados y sustento esencial, además, de los regímenes democráticos liberales: la autonomía individual o personal, que no es otra cosa que la posibilidad de tomar con absoluta libertad las decisiones que afecten a su cuerpo y a su vida y que estas sean respetadas, tanto por la sociedad como por el Estado.
La Corte Constitucional de Colombia la ha definido como el derecho al libre desarrollo de la personalidad “que busca proteger la potestad del individuo para autodeterminarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos?”
Sin embargo, este derecho elemental y básico que posee toda persona por el simple hecho de serlo, tiene un límite importantísimo: los derechos de los demás. Así, la misma Corte Constitucional de Colombia termina su definición acotando que este derecho podrá ser ejercido libremente “siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional”.
Esto es lo que en filosofía política se conoce como “el principio del daño”, cuyo principal representante es el liberal inglés John Stuart Mill, que en su obra clásica “Sobre la libertad” sostiene que el único fin que justifica la intervención de una comunidad en la libertad de acción de una persona contra su voluntad es impedir que dañe a otros. “El simple hecho de vivir en sociedad impone a cada uno una cierta línea de conducta hacia los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de los demás, o más bien, ciertos intereses que, sea por una disposición legal expresa, sea por un acuerdo tácito, deben ser considerados como derechos?” dice Mill.
Este principio es también fundamental para las democracias liberales y así lo ha recogido la Constitución ecuatoriana en el numeral 7 del Art. 83, cuando señala que entre los deberes y responsabilidades de los ciudadanos está el de promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular.
Por supuesto que inyectarse o no algo en el cuerpo y no ser ni discriminado ni penalizado por eso es un ejercicio de autonomía personal. La cuestión está en que si uno no se vacuna contra el Covid-19, no solo pone en riesgo su propia vida, que al final es un problema individual, sino que se convierte en un vector de contagio para los demás. Esto, a su vez, hace que la enfermedad se difunda más, poniendo presión en el sistema de salud público, que ve limitados sus recursos para atender otras enfermedades. Además incide en la necesidad de tomar otras medidas, también restrictivas de la libertad individual y la autonomía personal, como son la libre movilización, la libertad de reunión e incluso el derecho a la educación. Y a todo esto se le debe sumar las consecuencias económicas y hasta de salud mental que esas disposiciones generan, peor aún en países como el nuestro en los que la mayoría de la gente que no sale a trabajar simplemente no tiene que llevarse a la boca.
En todo caso, más allá de este debate, en Ecuador la decisión de hacer obligatoria la vacuna está tomada y tiene sustento legal, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Salud y los ciudadanos debemos cumplir ese mandato, nos guste o no. El punto es que vacunarse también es una obligación moral y una responsabilidad cívica, porque al final, el beneficio es para todos. (O)
