El tema de los gastos de cualquier organismo público no debería escandalizar a nadie. Si en el paisito se hubiera institucionalizado la rendición de cuentas, no habría alboroto. Lastimosamente no tenemos cultura de información responsable sobre el destino de los recursos, de nuestros recursos. Cuando alguna vez se realiza, la rendición se vuelve show y propaganda, posicionamiento de la autoridad que informa.

Si hubiera rendición de los GADs —soñar no cuesta nada- todos sabríamos con exactitud y oportunidad la composición del gasto. Se podría distinguir las platas destinadas a prioridades de la gente y las platas que se desparraman en cualquier zoquetada. Casi siempre, zoquetadas costosas. Por lo general, zoquetadas que benefician a círculos cercanos al poder, grande o pequeño, central o local.

El Presidente Noboa ha decidido enfrentar el tema con un proyecto económico urgente en la Asamblea. Una reforma al COOTAD orientada a la sostenibilidad y eficiencia del gasto. Ya está sobre la mesa y reclama disección y perfeccionamiento. Para encontrar resortes positivos o peligros subyacentes. Ni asumirla como genialidad ni satanizarla como tenebrosa. 

El corazón de la propuesta se halla en la asignación de recursos: 70% para  obra pública (inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos) y 30% para gastos corrientes. Luce razonable y beneficiosa para todos. Perfecta, no es.

El argumento que se esgrime, no es secreto para nadie: despilfarro de recursos y escasa focalización en prioridades de la gente (agua, luz, alcantarillado, basura, vialidad). Los ejemplos del derroche abundan: fiestas con artistas extranjeros, fuegos artificiales, desfiles, recepciones, autos de alta gama, murales gigantes, letreros, propaganda para ensalsar alguna obra o alguna autoridad... más aún si ella apunta a reelegirse. 

La propuesta ha levantado al menos tres temas estrechamente relacionados para el debate: la autonomía, el control y la transparencia.

La autonomía se concibe como  derecho y capacidad legal para gobernarse a sí mismas. Implica autogobierno, autoadministración, autonomía normativa y financiera. Pero hay límites, no significa independencia. Debe sujetarse al control legal y fiscal, pues sigue formando parte del sector público. No es ausencia de control. No exime de rendir cuentas a los ciudadanos.

El control ha sido satanizado. Se lo asocia acríticamente con desconfianza, represión, ingerencia. Pero no es así. Se trata de una fase indispensable en todo proceso productivo o social. Se trata de mecanismos que sirven para verificar, supervisar y sobre todo, mejorar operaciones de los organismos. Busca respeto a la norma, eficiencia y eficacia, prevensión de abusos y corruptelas, protección del interés general. El rechazo a toda forma de control huele a encubrimientos. Quien nada debe, nada teme. 

La transparencia alude al principio según el cual las instituciones operan de manera abierta, clara y accesible para la ciudadanía. Para que ella conozca decisiones, planes, gestión de recursos, resultados, vacíos a corregir. Rendir cuentas sin trampas expresa transparencia. Lo apuesto es la opacidad, las puertas cerradas, terreno fértil para la suspicacia 

Discrecionalidad y rubros polémicos

El tema de la calidad del gasto nos pone a reflexionar sobre otros elementos. Uno, necesidad de que el gobierno central abra espacios de consulta previa con actores involucrados. Resultaría saludable, coherente con la democracia y ahorraría muchos conflictos.

Dos, necesidad de que el gobierno central cumpla con los principios que exige a otros. La fórmula 70/30 también le compete. El buen ejemplo fortalecería la legitimidad.

Tres, necesidad de que gobierno central cumpla estricta y oportunamente con sus aportaciones a los GADs. Los huecos de financiamiento no permiten planificaciones estratégicas solventes. Es hora de cancelar las deudas.

Finalmente, resta el asunto sobre quién califica si el gasto es corriente o de inversión. Se precisan criterios técnicos finos para disminuir al mínimo la discrecionalidad. Hay rubros en que la clasificación no entraña conflicto. Pero hay otros que son más complejos, como ciertos estudios, por ejemplo. No pueden quedar al criterio subjetivo de nadie.

Lastimosamente el tema apenas brotado fue politizado. Fue descalificado sin revisión y sin alternativas de mejoramiento. Rechazar una iniciativa así, solo por provenir de Noboa, resulta irresponsable y mezquino.

Mejor calidad del gasto de los GADs es un tema trascendente y urgente. Debería superar los apetitos y las broncas coyunturales de la clase política. Deberían recordar que quienes están en el medio son los ciudadanos que exigen conductas ejemplares. El derroche en medio de la pobreza es detestable. (O)