La castración química
Hoy en día esta pena se aplica en países como Estados Unidos, Polonia, Corea del Sur, Moldavia, Estonia, Indonesia y Bielorrusia. En todos los casos se ejerce especialmente en delitos sexuales contra menores de edad.

Un nuevo debate. La propuesta del Presidente de la República de aplicar la castración química para violadores abre una discusión que promete ser intensa, con puntos de vista desde lo legal así como desde la parte médica.

Su aplicación empezó décadas atrás como un tratamiento médico para ciertos cánceres de próstata y mama; se aplica en forma de inyecciones, implantes o pastillas. La ciencia descubrió algunos efectos secundarios que incluyen disminución del deseo sexual, depresión, pérdida de densidad ósea y sofocos. Estas consecuencias secundarias suelen desaparecer al suspender el tratamiento.

El origen de esta práctica en su sentido punitivo se remite a los años 70 cuando en distintas investigaciones se analizaba la cantidad de testosterona de violadores y pedófilos. En ese entonces el objetivo era averiguar la medida y rango de testosterona, así como la relación entre sus niveles y el grado de violencia ejercido en la violación.

Fue justamente la reducción de la líbido y, potencialmente, un control de los impulsos sexuales el que sirvió como pretexto para aplicar la castración química a los violadores.

La propuesta de incluir este método en la legislación ecuatoriana surge una vez que el primer mandatario envió una propuesta de reforma constitucional sobre el tema a la Corte Constitucional.

Hoy en día esta pena se aplica en países Estados Unidos, Polonia, Corea del Sur, Moldavia, Estonia, Indonesia y Bielorrusia. En todos los casos se ejerce especialmente en delitos sexuales contra menores de edad.

Este tema, como muchos otros vinculados con los castigos para el ser humano, tiene argumentos a favor y en contra. Quienes apoyan esta práctica médica se apoyen en estudios que señalan que la castración química puede disminuir significativamente la tasa de reincidencia en delincuentes sexuales. Se habla de una reducción de la reincidencia de hasta el 4% entre quienes se someten voluntariamente al tratamiento, en comparación con tasas cercanas al 90% en quienes no lo reciben.

En Estados Unidos, por ejemplo, se la considera una medida que posibilita que no se ejecute la totalidad de la privación de la libertad del condenado, es decir que opera como una condición para obtener la libertad condicional.

También se dice que al reducir el impulso sexual se puede ayudar a controlar comportamientos y fantasías sexuales peligrosas o perversas. También juega a favor el hecho de que es una medida reversible y menos invasiva. A diferencia de la castración quirúrgica, la castración química no implica cambios físicos permanentes ni esterilización. Y sus efectos son reversibles al suspender el tratamiento.

Del otro lado, los grupos que se oponen señalan que la castración química forzada, sin el consentimiento del condenado, es considerada por organismos internacionales como una pena cruel, inhumana y degradante.

Otro punto en contra es que el uso prolongado trae efectos adversos para la salud, como osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, depresión, infertilidad y anemia.

También argumentan que no es una solución a la violencia sexual y que, por el contrario, podría ser una especie de búmeran, aumentando otras conductas violentas de los agresores.

Es sin duda un tema complicado de abordar. La conversación está en la mesa y la opinión pública tiene que conversarlo, debatirlo, entenderlo y decidir con razones. (I)