Hablar de inclusión financiera es hablar de libertad, de acceso a oportunidades y de impulso al progreso. No obstante, en Ecuador y en gran parte de la región, persiste una realidad que limita ese avance: el predominio del efectivo como principal medio de pago. Para millones de personas, pagar con billetes y monedas sigue siendo lo habitual, pero esta práctica va más allá de una preferencia cultural. Es una barrera que impide el acceso a productos financieros, dificulta la construcción de un historial crediticio y restringe las posibilidades de crecimiento económico y social.
La verdadera inclusión financiera no comienza cuando una persona abre su primera cuenta de ahorros, sino cuando accede al crédito formal dentro de la economía. Ese acceso marca un punto de inflexión: permite mejorar la calidad de vida, financiar la educación de los hijos, impulsar un emprendimiento o invertir en una vivienda digna. ¿Y qué tiene que ver esto con el uso del efectivo? Todo. Porque sin transacciones digitales, no hay datos. Y sin datos, no hay historial financiero que permita evaluar riesgos ni ofrecer productos adecuados. Hoy, la información es el activo más valioso que pueden tener tanto las personas como las organizaciones. Lo decía mi padre: "la información es poder". Y en el contexto de la inclusión financiera, esa frase cobra más sentido que nunca.
Cuando se paga con billetes o monedas, no se genera trazabilidad ni se produce información útil sobre la transacción. Al retirar la nómina de un cajero automático y utilizarla en efectivo, se pierde una oportunidad clave: nuestros gastos dejan de estar registrados de forma contable y certificable.
En cambio, al realizar esa misma compra con una tarjeta débito, se genera una gran cantidad de datos: el monto, el comercio, los productos adquiridos y mucho más. Esta información, combinada con millones de transacciones similares en todo el mundo y procesada mediante algoritmos de inteligencia artificial, permite construir un perfil financiero más completo y preciso.
Esa trazabilidad puede transformar a una persona que antes no era considerada sujeto de crédito en alguien elegible para acceder a financiamiento formal. En la era digital, la data es poder. Y en el camino hacia una inclusión financiera real, ese poder marca la diferencia.
Sin embargo, el acceso por sí solo no garantiza una inclusión financiera efectiva. Para que sea verdaderamente transformadora, debe ir acompañada de educación financiera. Saber cómo administrar un crédito, planificar los pagos o gestionar los ingresos con responsabilidad marca la diferencia entre que una tarjeta se convierta en una herramienta de progreso o en una carga difícil de manejar.
Según datos de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), el 96% de los ecuatorianos nunca ha recibido educación financiera formal. Esta brecha refleja un país donde millones de personas toman decisiones económicas sin las herramientas necesarias, lo que las expone al sobreendeudamiento o a la exclusión.
La aceptación también es clave. De nada sirve que existan tarjetas y billeteras digitales si no son recibidas en los comercios. La confianza de los consumidores y la modernización de los negocios avanzan en la medida en que más puntos de venta ofrecen alternativas seguras y digitales para pagar. Cada comercio que se suma a esta red no solo gana competitividad: también se convierte en un habilitador de inclusión financiera para sus clientes, reduciendo la dependencia del efectivo y fomentando la formalización económica.
La educación, la aceptación y el acceso forman un triángulo inseparable. La educación brinda las herramientas para usar el crédito con responsabilidad. El acceso garantiza que más personas puedan incorporarse al sistema financiero. Y la aceptación en los comercios convierte la experiencia en algo cotidiano y confiable, lo que genera confianza y acelera la adopción de nuevas tecnologías de pago.
El reto no es menor y no recae únicamente en los individuos. Gobiernos, instituciones financieras y sociedad civil deben trabajar juntos para llevar educación financiera a más rincones del país, garantizar la aceptación de medios de pago digitales y generar las condiciones necesarias para que millones de ecuatorianos puedan transitar del efectivo hacia un sistema más seguro, formal e inclusivo.
Invertir en inclusión financiera es invertir en resiliencia. Una comunidad que sabe manejar sus recursos enfrenta mejor las crisis, aprovecha nuevas oportunidades y aporta al desarrollo del país. La libertad financiera no es un lujo, es un derecho. Y para alcanzarla, necesitamos un ecosistema donde el conocimiento, la aceptación y el crédito trabajen de la mano para que cada persona pueda crecer, decidir y prosperar con confianza.(O)