El 60 % de los enlatados de atún ecuatoriano se exportaron a la Unión Europea (UE) en 2025. Ese mercado se consolidó como el número uno para los envíos de este sector, seguido de Colombia, Estados Unidos y Reino Unido. Las ventas de conservas de atún a la UE alcanzaron los US$ 1.107 millones, que significó un crecimiento de 14 % en valor con relación al año anterior. En volumen el crecimiento fue del 10 %. 

La viceministra de Acuacultura y Pesca, Ivanova Cereceda, destaca que las exportaciones ecuatorianas de atún crecieron en ese mercado pese a la tarjeta amarilla que le impuso la UE por deficiencias en el control de la pesca ilegal desde 2019. “A pesar de la sanción, Ecuador mantiene el 35% del mercado europeo de atún enlatado y proyecta un crecimiento mayor con la eliminación de la tarjeta amarilla”, señaló en días pasados en una entrevista con Forbes Ecuador. 

La funcionaria detalló que la UE reconoce los avances de Ecuador y prevé levantar la tarjeta amarilla en seis meses. La visita de la comisión técnica de Ecuador se enfrentó a los días de bajas temperaturas, en Bruselas, en enero, mientras pasaban la auditoría de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare). A continuación, el diálogo con Ivanova Cereceda, una ejecutiva guayaquileña que llegó de la empresa privada para liderar un sector, acuícola y pesquero, que en 2025 generó más de US$ 10.800 millones. 

Viceministra ¿Cuáles fueron los resultados de la visita a Bruselas?  

Fue una visita muy exitosa. Antes del viaje ya había explicado en los medios los avances que tenemos como país en trazabilidad y en la gestión de flota, que fueron las causales por las cuales nos impusieron la tarjeta amarilla en 2019. Como país debíamos superar tres inconvenientes: gestión de flota, trazabilidad, contar con un sistema regulatorio moderno y fortalecer las relaciones con organismos internacionales de control marítimo. Hicimos todo eso. El Gobierno se convirtió en un miembro muy activo del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO (AMERP). Hoy son 84 miembros, incluida la Unión Europea, lo que suma más de 100 países. Este acuerdo establece controles en puertos: barcos con ilegalidades no pueden ingresar. Ecuador es un miembro muy activo y lo demostramos en la reunión de abril de 2025, en Manta, cuando tuvimos la presidencia de ese organismo. De los 17 miembros de América, fuimos el número uno en cumplimientos.

¿En qué punto estamos frente a Unión Europa y la tarjeta amarilla, que ya tiene siete años?  

En la reunión de Bruselas pudimos demostrar que Ecuador ya superó la mayoría de los inconvenientes que nos llevaron a la tarjeta amarilla. La Unión Europea reconoció y felicitó los avances. Me dijeron que en 25 años de trabajo con Ecuador era la primera vez que veían una autoridad con decisión para tomar las riendas y culminar lo poco que faltaba por cumplir. Pudimos demostrar una gestión adecuada de flota, a través de un acuerdo ministerial que permite controlar el manejo de las cubas y factor de estiba de los barcos.

¿Cuándo salió ese acuerdo?  

El 16 de enero de 2026. Es un acuerdo para controlar la capacidad de acarreo de las flotas. Esto los dejó muy tranquilos y evidenció que Ecuador tiene la decisión de manejar, controlar y sancionar su flota en caso de incumplimientos.

¿Cuáles son los puntos que sí cumplimos?

En gestión de flota, ya está resuelto con el acuerdo ministerial. La normativa establece alertas a través del Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca (SIAP). Por ejemplo, cuando un barco llega con factor de estiba de 0,96 %, que es la capacidad, enviamos una inspección para establecer si está con las medidas correctas en sus bodegas, si no hay inconvenientes se reactiva el proceso; caso contrario, si hay alteraciones en las medidas, la pesca se inmoviliza y se abre un expediente sancionatorio y el barco debe regularizar su operación para salir a pescar. En trazabilidad, también se superó con el SIAP, que es la mejor herramienta del mundo. Quedó pendiente el tema sancionatorio, ya que quieren ver sanciones ejemplarizadoras. Desde el año pasado venimos trabajando un manual para que las sanciones no sean tan discrecionales; también necesitamos sacar una norma para valorar la pesca y que sirva para sancionar.  

¿Qué les dijeron los auditores tras esta visita?  

Nos dijeron: “Estamos viendo algo que no veíamos antes. Ya están en la fase final.” El reporte que llegará ya no será extenso como antes, sino una carilla firmada por el director general con temas puntuales, sobre todo en lo sancionatorio. En seis meses estaremos en comunicación constante para mostrar avances. Una vez verificados los avances, nos sentamos y levantamos la tarjeta amarilla. Eso lo dijo el auditor y también Costa Cádiz, comisionado de los océanos de la Comisión Europea. Él señaló que Ecuador es un socio muy importante para la Unión Europea, especialmente en pesca, porque somos su tercer socio comercial. En el mercado europeo, el atún enlatado tiene el 35 % de participación. A pesar de la tarjeta amarilla, el sector creció de manera vertiginosa en los últimos años. Nos dijeron ustedes ya están casi perfectos, solo falta tema puntual para el estándar y salir de la tarjeta amarilla, inclusive puede ser antes de los seis meses porque vamos a ir demostrando los avances. 

¿Esta fue una auditoría con la Digimare y solo queda un tema pendiente?

Sí, que es el tema sancionatorio. Les dije que, en 2025, el sector se dio cuenta que había una autoridad justa, tenía palabra y era honesta, el sector se portó muy bien. Antes, los inspectores tenían problemas para ingresar a las plantas; hoy eso cambió. 

¿Una de las observaciones fue la falta de inspectores?

Eso fue al inicio. Ahora somos el país con más inspectores en el mundo, tenemos 300 inspectores pesqueros, que supervisan descargas artesanales, industriales y de materia prima importada. El tema pendiente es la gobernanza sancionatoria. La ley nació en 2020, el reglamento en 2022, y hubo cambios de coordinación jurídica de quién manejaba y que generaron discrecionalidad. Tenemos casos sancionatorios notificados, pero se dio el cambio de ministerio en julio de 2025.

¿El cambio de Acuacultura y Pesca al ministerio de Agricultura afectó este proceso?  

Eso nos afectó porque recién tuve la delegación para sancionar una semana antes del viaje, ya que suspendimos los plazos en septiembre. Por eso no pude llevar ejemplos concretos de sanciones a Bruselas. Ahora estamos notificando y aplicando sanciones con montos y suspensiones adecuadas. Lo que sí me alegró es que al final nos dijeron ‘vamos a estar en constante comunicación porque esta es la fase final’, es la primera vez que estamos en este punto. 

Si tuviera que calificar esta auditoría, ¿cómo lo haría?  

Muy buena. No excelente porque faltó el tema sancionatorio, pero eso no depende de nosotros, sino de las circunstancias que nos llevaron a suspender plazos por el traslado ministerial y ellos lo entendieron. Esto también nos permitió un trabajo directo. Con el nuevo esquema, los casos ya no se manejan en la coordinación jurídica general del ministerio, sino en la Dirección de Política Pesquera y Acuícola del viceministerio, dedicada 100% a este sector. Eso también fue valorado positivamente por la Unión Europea.

¿Ecuador está en la recta final para que se levante la tarjeta amarilla?  

Sí, por supuesto. Nos dijeron que falta muy poco. En seis meses nos reunimos y, si demostramos avances, se levantará.

A pesar de la tarjeta amarilla, las exportaciones crecieron. ¿Por qué?  

Porque tenemos una industria valiente, que no se amilanó con la tarjeta amarilla. Produjo enlatados de atún de gran calidad y, que España que es nuestro competidor no se dio cuenta cuando empezamos a crecer, y logró vencer las limitaciones de la tarjeta amarilla. Si no la hubiéramos tenido, el crecimiento habría sido aún mayor. 

¿Qué limitantes encontraron?  

En algunos casos hubo compradores que intentaron aprovecharse de la situación para pagar menos o negociar condiciones más favorables, argumentando la tarjeta amarilla. Sin embargo, la industria sorteó esas dificultades y siguió creciendo. Hoy, sin esa tarjeta amarilla, podríamos aumentar al menos un 20% la capacidad instalada en la industria y llegar a ser el número uno en la Unión Europea en atún. La tarjeta amarilla también ha sido una limitante para acceder a créditos del Banco Mundial. Ellos tienen gran interés en financiar al sector porque saben que necesita renovar flota, motores y construir un dique. 

La flota hace años habla de renovar sus barcos.

Pero mientras exista la tarjeta amarilla, no pueden acceder a préstamos. Una embarcación clase seis cuesta entre US$ 50 millones y US$ 60 millones de dólares, y cambiar motores puede costar entre $ 5 y $10 millones. Son inversiones grandes, pero la industria tiene capacidad de pago.

¿Cuánto podría prestar?

No hay límites. Estamos trabajando en una nota de inversión con la FAO para plantas y flota donde se pueda invertir. 

¿Cuántas embarcaciones tiene la flota atunera actualmente?  

Son 106 embarcaciones, la flota más grande de este lado del Pacífico.

Usted mencionaba la necesidad de un astillero, ¿Cómo es eso?  

En Ecuador no tenemos un astillero grande y moderno para atender esta flota. El Gobierno está pensando en Astinave para mantenimiento o construcciones. Hay pocos astilleros flotantes, pero no tienen la capacidad para una flota tan grande. Los barcos deben ir a Panamá u otros países para mantenimiento, lo que genera retrasos en épocas de veda. Los barcos clase cuatro tenían problemas para acceder a los cupos. Por eso pedimos como país a la Comisión Interamericana del atún Tropical (CIAT) que que los barcos clase cuatro puedan cumplir la veda en cualquier mes del año, evitando que se queden parados más tiempo por falta de turnos en los diques. 

¿Dónde funcionará el astillero para esta flota?

Se analiza la posibilidad de construir un astillero en Posorja. 

¿Las inversiones de dónde vendrían?

Una vez que salgamos de la tarjeta amarilla, podrían llegar créditos del Banco Mundial para financiarlo, se pueden conseguir otras líneas de crédito.

¿Cuál es la hoja de ruta para levantar la tarjeta amarilla?  

Esperamos el oficio con los puntos que debemos cumplir en seis meses. A partir de allí, iremos demostrando sanciones aplicadas y comunicando avances de forma constante. Mi plan es viajar a Bruselas en tres meses para mostrar resultados y presionar por el levantamiento. Una vez que nos digan “ya cumplieron”, el resto es trámite administrativo en la Comisión Europea.

¿Antes de que termine 2026 Ecuador quedará libre de la tarjeta amarilla?  

Sí, esa es la meta. Estamos en la fase final y confiamos en que se logrará. (I)