El ritmo de crecimiento económico mundial también puede verse afectado por el fenómeno bélico, lo que produciría una menor demanda mundial, situación que puede expresarse en menor demanda de las exportaciones ecuatorianas a varios mercados y regiones.
Un proceso de saneamiento fiscal no solo conlleva decisiones que aborden a los ministerios y entidades adscritas sino también a otras que son parte de las finanzas públicas como son las instituciones de control, la banca pública, el IESS, Petroecuador, los otros poderes del estado como la Asamblea Nacional, el CNE, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, los organismos seccionales como municipios, prefecturas, juntas parroquiales, etc., etc.
La política económica del año 2022 deberá enfrentar algunos retos como es la conclusión y el cierre de metas del Convenio con el FMI, del cual se deriva cerca de USD 4.000 millones de financiamiento externo incluyendo a todos los multilaterales, la aprobación de otras reformas económicas como la laboral que deberá ser discutida y aprobada en la Asamblea Nacional.
Si se realiza un análisis objetivo a los distintos gobiernos desde el retorno a la democracia en 1979 se puede colegir que todos sin excepción han tenido aciertos y desaciertos, algunos más que otros pero no han existido gobiernos que no hayan mostrado sus puntos débiles y sus fortalezas.
Es preciso advertir que estos males que son los principales que aquejan hoy al país no se resuelven con atentados a la democracia o con nuevos gobernantes, pues rebasan la coyuntura y terminan siendo parte de los problemas estructurales. Cualquier gobierno tendría que enfrentar estas realidades. No hay que perder el optimismo pero tampoco perder de vista del terreno que estamos pisando.
La administración económica de un país siempre debe sustentarse en criterios de seguridad y prudencia. Así como no es conveniente inflar ingresos con supuestos poco convincentes o subestimar gastos para “reducir” el déficit fiscal, es también errado tornar al manejo fiscal vulnerable por incluir supuestos dependientes de factores externos ajenos a la gestión económica interna.
A finales de 2021 se tiene una economía pública con mayores ingresos tributarios y petroleros, los primeros por el rebote económico del año luego de la caída del año previo y, lo segundo, por el importante crecimiento del precio del petróleo por encima de los USD 80 el barril.
El actual gobierno ha cumplido con éxito sus primeros 100 días en materia de vacunación que sin duda era la prioridad, le deseamos los mejores resultados en su gestión pero seamos más precisos sobre lo actuado años atrás y seamos justos asignando a cada quien lo que le corresponde.
No existe una receta mágica para poder prescribir las acciones a seguir para que las decisiones sean exitosas pero sin duda es una combinación del olfato político para decidir, la comunicación de la decisión que se va a adoptar y el conocimiento técnico de la medida que facilita la difusión de las mismas.
El arte de la política será ceder lo menos y ganar lo más, sin pretender gestiones óptimas sino buenas dadas las condiciones.
Lo importante de la política de subsidios es que su aplicación reúna ciertas condiciones como las anotadas y no destruya una línea de conducción económica o un programa de gobierno, peor aún que responda a presiones electorales o políticas y abandone el respaldo técnico de mantener subsidios eficientes.
En las últimas décadas no se ha encontrado al Ecuador en una posición tan preponderante en la región como un centro de atracción de inversiones, tanto para la órbita pública como privada.
Es imperativo entonces para la viabilidad futura del país que el gobierno promueva una reforma laboral cuyos ejes principales, por cierto ya elaborados, sea socializada y discutida a nivel nacional y pueda recibir el apoyo de los ecuatorianos, pues esto será una de las fundamentales reformas estructurales que ayuden a mejorar el empleo en el país.
En el Ecuador, la seguridad social circunscrita a las funciones inherentes al IESS, a pesar de tener un mayor alcance, contempla algunas diferencias frente a la mayoría de instituciones de seguridad social de la región.
